Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

Pues bien nos confiamos a ellos y que tenemos a cambio, la manipulación y la falta de transparencia informativa.

Sra, Regidora y  Sr. Conseller, reitero lo que se les dijo en el pasado “Consell Veinal”, no era el lugar ni el momento de hablar de la Diagonal, evidentemente es un tema que afecta a la ciudadanía, la cual esta llamada a votar “SI QUIERE”, afortunadamente los vecinos y vecinas del Barrio del Congres-Indians tienen muy claro lo que han de hacer y cuando lo hagan bien seguro expresaran su voluntad sin que nadie les diga como hacerlo y a que opción decantarse.

Una cosa es informar y otra diferente taladrar hasta la saciedad sobre aquello que os interesa a los políticos.

A los vecinos y vecinas les interesa su barrio y todas aquellas cosas de proximidad que pese a los muchos “Consells de Barri” celebrados, continúan sin soluciones y que la mayoría de las veces son muy simples solo hace falta tener voluntad  y ponerse a trabajar de puertas a dentro y no de cara a la galería.

Ahora se acuerdan de que la ciudad existe y que los ciudadanos han de participar, en otros distritos y en otros barrios.

Pues bien:
         ¿Por qué no explican que pasa en el barrio de la Barceloneta, Ciutat Vella

         ¿Qué hay de Pueblo Nuevo.

         ¿ Que va pasa em l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat (Consells de barri)

         ¿Qué ocurre en el barrio de Navas, en el de la Sagrera, Nou Barris, Trinitat, etc.

         ¿Qué soluciones tienen en Sant Andreu para la falta de las plazas escolares

         ¿Qué les parecería que todos los vecinos y vecinas supiéramos que pasa en

           otros barrios y distritos  de Barcelona y les pidiéramos cuentas.

Esta claro que esto no les interesa pero “LA DIAGONAL SI”, sean honestos y no dividan mas a los vecinos y vecinas de los barrios, dejen que participen  libremente

 Cuando en los Barrios de Barcelona se crean Plataformas no es por capricho es porque el Ayuntamiento y las AA.VV. no esta haciendo bien su trabajo y es la única forma de decirles ¡BASTA!

 Las Veïnes i Veïns de Congrés-Indians volem que se senti a l’Ajuntament la veu del veïnat, la de la gent que, a peu de carrer, coneix de prop els problemes i necessitats del lloc en el qual viu.Los vecinos que el otro día abandonaron la sala, junto con los miembros de las Plataformas de Can Ros Verd y Veïns Afectats Pistes Velia, lo hicieron para manifestar su desacuerdo con estas practicas de engaño y manipulación, no existía orden del día y los allí presentes estaban para hablar de “SU BARRIO Y EXPONER SUS PROBLEMAS”

Cuando terminó la representación de La Diagonal, los vecinos volvieron a entrar para hablar de “SU BARRIO”, y aprovechar el poco tiempo disponible (1 hora), se procedió sin mas a tandas de preguntas rápidas y respuestas mas rápidas e imprecisas.

 Una cosa és l’autogestió veïnal i una altra de ben diferent la “participació“, com podem comprovar amb un altre invent de l’Ajuntament de Barcelona, els anomenats “consells de barri“, una experiència que es va estenent per diversos barris de Barcelona, i sobre els quals es pot llegir aquesta crítica realitzada per l’urbanista Jordi Borja a la revista Carrer nº 103.

 Des de diverses entitats veïnals, com la mateixa Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat s’estan formulant dures crítiques contra aquests consells, tal i com ens diu en el comunicat que us reproduïm: “considerem aquest Consell un nou organisme on la informació funciona unilateralment i on hi ha poques possibilitats de generar participació real. Un exemple és la seva estructura, on només estan definits els càrrecs imposats per la pròpia Administració. (…) Tampoc no s’inclou cap mesura que permeti l’elecció per part del barri de, per exemple, el regidor/a de barri. (…) No es contempla cap mesura que promogui la participació des de baix, com pot ésser la possibilitat de convocar reunions, de tractar temes, de modular el funcionament atenent a demandes del propi barri.“

El paquet “consell de barri” inclou uns tècnics de barri municipals, càrrecs que haurien de ser tècnics i per tant neutres. Però no sembla que sigui aquest el cas,

 El conseller opina  que:
!!Per albarri és especialment interessant que el casal de Congrés-Indians ha estat escollit per fer una prova pilot de les votacions. Tindrem un punt de votació els dies 20 i 21 d’abril, la propera setmana, i se’ns farà una pregunta sense transcendència!!

 ¿Este tema es realmente interesante para el barrio o solo para alguien del barrio?, esto no es informar esto es hacer política, primero nos anuncian el proyecto de la Diagonal y después un simulacro de votación.

“SEAMOS SERIOS Y NO JUGUEMOS CON LA CIUDADANIA”

Jordi Flores
President Plataforma Veïns Conges

Un manifestante con una máscara de Aminatu Haidar, durante la marcha en Madrid para pedir una solución al caso de la activista. (Imagen: Susana Vera / Reuters)

Nota conjunta de la Confederación Española de Policía y el Sindicato Profesional de Policía.
Rechazan que el origen del conflicto esté en la Policía.
Acusan a Fernández de la Vega de “eludir su responsabilidad”.
La vicepresidenta dijo que “la Policía autorizó la entrada de Haidar”.
EFE. 11.12.2009 – 22.53 h
La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), califican de “hipocresía política” y “doblez” la actuación del Gobierno al imputar a la Policía “el origen del conflicto internacional generado por la entrada en España de Aminatu Haidar“.

En una nota conjunta, los dos sindicatos dicen que el Gobierno, a través de las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, “pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad”. Según los sindicatos De la Vega se ha sumado al cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega.
Señalan que la vicepresidenta “pretende confundir a la sociedad española, hurtando del debate público que fue precisamente su Gobierno el que impidió la salida de España de la activista prosaharaui el mismo día en que llegó a Lanzarote, pudiendo haberlo hecho mediante el mismo procedimiento -la expedición de un salvoconducto- que se intentó emplear hace unos días”.

Los hechos, según los sindicatos
Relatan que la llegada de Haidar a Lanzarote se produjo sobre las 12.30 h del día 14, y que el Gobierno pudo haber permitido el regreso de la activista en un vuelo que salía aquella misma tarde.
“Esta posibilidad, en cambio, fue abortada por indicación de la responsable policial de Canarias, aludiendo a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto”, agregan.
Afirman que fue el Ejecutivo quien evitó una rápida solución al caso durante las primeras horas, teniendo en cuenta que la propia Haidar estaba dispuesta a volver a Marruecos.
Indican que “la abortada salida de España de Aminatu Haidar, el pasado día 4, que requería, para su nuevo acceso a suelo español, de un salvoconducto similar al que le permitió abandonar la terminal del aeropuerto de Lanzarote unos minutos antes, supuso el inicio de toda una serie de presiones políticas sobre la Policía que han alcanzado una virulencia y temeridad difícilmente superables”.

Lluís Bou
L’editorial dels diaris reclamant que no s’ataqui la dignitat de Catalunya va provocar ahir algunes reaccions furibundes a Madrid. Des de la presidenta madrilenya, la popular Esperanza Aguirre, fins al president del Congrés, el socialista José Bono, passant pel de la comissió constitucional, el veterà Alfonso Guerra, es van mostrar irritats amb el posicionament unitari català. Van ser reaccions aïllades, perquè els seus partits van reaccionar amb clama i serenitat, conscients que no era el millor dia per deixar-se anar.

El líder socialista es va limitar a expressar “respecte” per l’editorial, i el president del PP va dir que si es respecten les regles de joc “cadascú pot opinar el que vulgui”. Era evident, però, que a les files socialistes i populars diuen fàstics de la inquietud catalana perquè no se li respecta la voluntat expressada en referèndum. Esperanza Aguirre va assegurar que s’està qüestionant que el TC no està legitimat per sentenciar sobre l’Estatut, i això és “antijurídic”. Va donar les culpes de la situació a Zapatero. “És qui ens ha ficat en aquest embolic”, va dir. La portaveu del PP al Congrés, Soraya Sáenz de Santamaría, va negar-se a valorar l’editorial, i es va limitar a subratllar que el debat és la “irresponsabilitat” de Zapatero.

Des del PSOE també van acabar apareixent veus crítiques. Bono va aprofitar una visita a Reus per recordar als catalans que “la llei és l’únic imperi que s’acata en les democràcies”. “Ningú no està per sobre de les lleis, ni el rei, ni els ministres, ni cap força política social”, va deixar anar, mentre es negava a valorar el contingut de l’editorial catalana. “No veig Catalunya sense Espanya”, va concloure.

En to semblant Alfonso Guerra va censurar la “pressió” sobre el TC que al seu entendre representa l’editorial dels diaris, mentre apuntava que el Constitucional no fa política i no ha de mesurar les conseqüències de les seves decisions. Va acusar la posició catalana de “reivindicar una sobirania dividida que no existeix”, perquè considera que només hi ha la d’Espanya, malgrat que els catalans van fer un referèndum propi.

Un punt més moderada que el president de la comissió constitucional del Congrés, la vicepresidenta espanyola Elena Salgado va reclamar que “es deixi treballar” el Tribunal Constitucional, si bé va admetre que “sempre són benvingudes” les mostres de suport a l’Estatut.

El poder judicial va reaccionar també contra l’editorial. La majoritària APM va definir el text com “una pressió lamentable” que intenta influir “grollerament” en el TC.

Com és habitual, més crues eren les emissores de ràdio i els digitals espanyols. Les ràdios que habitualment s’acarnissen amb Catalunya, com ara la COPE i Esradio, també van llançar crítiques a l’editorial. Des de l’emissora Esradio, Federico Jiménez Losantos acusava la societat catalana de “malalta” –com assegura Montserrat Nebrera que va fer Aznar en una conversa amb ella– i va afirmar que els espanyols són “els jueus dels nazis catalans”. La web Libertad Digital va escollir Aleix Vidal-Quadras com a personatge sobre el qual fer pivotar les reaccions. A mig matí, les declaracions de l’eurodiputat del PP ultramuntà obrien la portada. “Rajoy ha d’actuar; les coses no són normals a Catalunya”, advertia, sense que el líder del PP li fes cas.

L’editorial dels diaris catalans va arribar ràpidament als mitjans internacionals, i en alguns casos es va sumar a la sorpresa que estan causant a l’estranger els centenars de consultes independentistes del 13 de desembre. L’agència France Presse resumia la reacció catalana amb un titular gràfic: “Touche pas ma nation” (“No em toquis la nació”), indicava. Remarcava que l’editorial està avalat per diaris de totes les tendències, “que defensen a capa i espasa l’Estatut català i es posen en guàrdia contra tot qüestionament”.

La britànica Reuters veia complicacions per a Zapatero davant el malestar que s’està creant a Catalunya: “La crisi a Catalunya pot esdevenir un maldecap” per a ZP.

La recent difusió del patrimoni dels membres del Govern espanyol va ser reflectida per la majoria dels mitjans de comunicació. Ara, el Congrés ha fet públiques per primera vegada les activitats privades dels diputats a la pàgina web de la cambra.Tanmateix, no podria passar el mateix amb els alts càrrecs del Govern de Catalunya ni amb els diputats del Parlament, perquè en ambdós casos, les seves declaracions d’ingressos i patrimoni no són públiques, encara que sí ho és la declaració d’activitats, però aquesta no figura a la web de la cambra catalana. Un portaveu del Parlament de Catalunya ha manifestat a e-notícies que “les declaracions d’activitats sí que són públiques, encara que no estan a la web de la cambra. És a dir, que qualsevol ciutadà pot demanar aquestes declaracions i se li proporcionen. La diferència amb el Congrés dels Diputats és que el Parlament no les té a la web, encara que estem treballant per tenir-les en el futur”.

L’article 12 del reglament del Parlament regula aquesta qüestió, i especifica que els diputats han de presentar “una declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen i dels càrrecs públics que ocupen”, i “una declaració de béns que ha de detallar el patrimoni del declarant”. S’indica que “la informació relativa a les activitats i els càrrecs és de caràcter públic”.

Així mateix, “els diputats han de presentar, abans del 30 de juliol de cada any una còpia de la declaració de l’impost sobre la renda i el patrimoni presentada a l’administració tributària del mateix exercici, o la certificació de no haver-ho fet en el cas que no estiguin obligats a presentar-la”.

Els alts càrrecs de la Generalitat tenen una regulació molt semblant, que estableix la llei 13 / 2005 de 27 de desembre. Han de declarar “les activitats professionals, mercantils o industrials”, i realitzar una “declaració patrimonial i d’interessos “amb” tots els béns, els drets i les obligacions”, a més de lliurar còpia de la declaració de renda i de patrimoni a Hisenda.

Com en el cas dels diputats, té caràcter públic la declaració d’activitats, i és reservada la declaració de béns patrimonials i d’interessos.

 e-notícies. cat

    Un aspecte de les obres de la caserna dels bombers al parc Joan Miró 

Un total de 1.800 veïns de la zona del parc Joan Miró de Barcelona han signat ja en contra de les obres que s’estan realitzant en aquest punt de l’esquerra de l’Eixample, i que consideren “il·legals”, per instal·lar una caserna de bombers.

Segons ha declarat a e-noticíes Patrícia Plaza, portaveu del moviment veïnal, les obres són “il·legals perquè el parc és zona urbana, i no es pot construir cap equipament, ni provisional ni d’emergència, sense una modificació del pla general metropolità i un pla especial”.

Ha afegit que l’Ajuntament argumenta que té signat un conveni amb l’hospital Clínic que li faculta per realitzar les obres, però que aquest conveni no pot ser utilitzat per a la finalitat que pretenen les autoritats municipals.“Han destruït el parc”, ha afirmat la portaveu, “amb una llicència d’obres majors a nom del Clínic, que és semblant al que es necessitaria per canviar la banyera d’una casa, i no per remoure 2.500 mers quadrats i fer els fonaments d’un edifici”.

El moviment veïnal ha plantejat el problema a la fiscalia de delictes urbanístics i, després de les gestions administratives realitzades, ara utilitzarà la via contenciosa. També ha demanat la suspensió executiva de les obres.

De la seva banda, la regidora de prevenció, seguretat i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, considera que la interpretació que la regidoria realitza de la normativa aplicable és “la correcta”.

En aquesta línia, Escarp ha comunicat als veïns del parc Joan Miró que, en qualsevol cas, els tribunals són els que han de decidir si aquesta interpretació és o no realment legal.

e-notícies.cat
11 / 11 / 2009

El concejal de Urbanismo de Mataró, Ramon Bassa (PSC) ha pedido esta mañana a Genís Carbó que renuncie de su cargo del Consejo Asesor Urbanístico de Mataró, según han informado fuentes municipales. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión por su implicación en el caso Pretoria, la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón. Según el auto del juez, Carbó cobró 244.011 euros del imputado Luis García Sáez Luigi tras un pelotazo urbanístico en Sant Andreu de Llavaneres.
Carbó fue el jefe de los Servicios Territoriales de la Generalitat entre los años 1998 y 2004, pero en su currículum figuran también la subdirección general de Arquitectura y Vivienda del Ejecutivo catalán y la coordinación de los planes territoriales de Cataluña y Barcelona.Además, Carbó fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Mataró entre 1995 y 1999 y presidente de la demarcación de Barcelona en la sectorial de Ordenación del Territorio de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC). Actualmente milita en este partido.

Genís Carbó es uno de los cuatro altos cargos del Gobierno de Pujol implicados en la trama, junto a Macià Alavedra, Lluís Prenafeta (ambos detenidos) y Lluís Renau. Carbó fue asesor de Urbanismo en Arenys de Mar justo en la época en la que Luigi logró un pelotazo en la localidad que también está siendo investigado por Garzón. A raíz de su implicación en la trama, además, ha tenido que renunciar a los cargos que hasta ahora ostentaba en Valls y Cardedeu.

Publicado por:
el país.com

Publicat en: Barcelona al Día