Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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“Las principales denuncias se refieren a la falta de espacios de juegos, tanto en número de parques como en tamaño de los mismos, y al estado de la suciedad en los que se encuentran”, señalan fuentes de la entidad infantil. Otra de las quejas de las zonas de recreo para menores es su falta de seguridad. En los parques españoles se registra el 13% de los accidentes de los niños entre uno y cuatro años, y el 9% entre los que tienen entre cinco y 14 años, según un estudio realizado por de Save the Children, el Denfesor del Pueblo y UNICEF. Ante esta situación, muchos de los denunciantes solicitan que se cambie la arena por suelo de goma con el objetivo de amortiguar el impacto de las caídas de los más pequeños.

Los parques de Barcelona, foco de críticas
Los parques de Barcelona tampoco se salvan de las críticas y ya ha llegado una docena de quejas. Entre los parques denunciados aparecen el de Can Fabra por su reducido espacio para juegos o el de la Creueta del Coll, donde los usuarios alertan de su deterioro. El parque de los jardines de Can Mantega, en Sants, también ha sido motivo de denuncia: “El espacio delimitado y protegido para los niños es minúsculo pero fuera de la zona acotada el parque está invadido por perros sin correa ni bozal que sus amos dejan libres sin control y sin recoger los excrementos con los consiguientes problemas sanitarios y de seguridad”, critica uno de los usuarios de este parque.

De todas las denuncias recibidas, la organización Save the Children elaborará un informe y presentará las quejas a cada uno de los ayuntamientos aludidos.

Fuente:  La Vanguardia