Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

L’Ajuntament de Barcelona va pagar l’any 2008 un  total de 7.000 euros pel lloguer de vehicles per transportar des de l’aeroport a la ciutat a participants en unes jornades de la fundació Cidob, que presideix l’ex dirigent del PSC, Narcís Serra.

La dada figura en un comunicat de CiU sobre la reunió d’aquest dimecres de la comissió municipal de presidència, territori i funció pública, en la qual l’equip de govern ha donat explicacions sobre els estudis, informes i treballs tècnics encarregats per l’Ajuntament durant el 2008 .

En aquesta partida, el consistori de Jordi Hereu, segons CiU, ha gastat 13,1 milions d’euros, i només estan justificats 11,4 milions. En qualsevol cas, la federació nacionalista afirma que els procediments per l’encàrrec i realització d’aquests informes “estan farcits d’irregularitats”. CiU afirma que “es produeixen encàrrecs que semblen amagar sous encoberts, ja que els treballs a realitzar són mensuals, sempre els mateixos, o es fracciona un mateix informe en tres encàrrecs diferents, amb imports no superiors als 18.000 euros, per evitar haver de sotmetre la seva adjudicació a concurs d’ofertes i poder concedir directament”.

El grup municipal del PP ha reclamat, de la seva banda, l’elaboració d’una auditoria dels informes encarregats pel consistori des de l’any 2007 fins l’actualitat, aprovada en la comissió de presidència del mes d’octubre, com ha fet el Departament d’Economia amb els informes de la Generalitat.

En aquest sentit, el regidor Popular Xavier Mulleras ha denunciat que “segons les despeses liquidades en el pressupost de l’any 2008 es comptabilitzen 13.344.640 euros per l’elaboració d’aquests informes, estudis i treballs tècnics. Pel que fa als contractes de 2008, el 99% es van adjudicar a dit, mitjançant procediment menor o negociat. Aquest 99% dels contractes suposa el 80% de l’import adjudicat”, ha afegit.

e-noticies.cat

    Un aspecte de les obres de la caserna dels bombers al parc Joan Miró 

Un total de 1.800 veïns de la zona del parc Joan Miró de Barcelona han signat ja en contra de les obres que s’estan realitzant en aquest punt de l’esquerra de l’Eixample, i que consideren “il·legals”, per instal·lar una caserna de bombers.

Segons ha declarat a e-noticíes Patrícia Plaza, portaveu del moviment veïnal, les obres són “il·legals perquè el parc és zona urbana, i no es pot construir cap equipament, ni provisional ni d’emergència, sense una modificació del pla general metropolità i un pla especial”.

Ha afegit que l’Ajuntament argumenta que té signat un conveni amb l’hospital Clínic que li faculta per realitzar les obres, però que aquest conveni no pot ser utilitzat per a la finalitat que pretenen les autoritats municipals.“Han destruït el parc”, ha afirmat la portaveu, “amb una llicència d’obres majors a nom del Clínic, que és semblant al que es necessitaria per canviar la banyera d’una casa, i no per remoure 2.500 mers quadrats i fer els fonaments d’un edifici”.

El moviment veïnal ha plantejat el problema a la fiscalia de delictes urbanístics i, després de les gestions administratives realitzades, ara utilitzarà la via contenciosa. També ha demanat la suspensió executiva de les obres.

De la seva banda, la regidora de prevenció, seguretat i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, considera que la interpretació que la regidoria realitza de la normativa aplicable és “la correcta”.

En aquesta línia, Escarp ha comunicat als veïns del parc Joan Miró que, en qualsevol cas, els tribunals són els que han de decidir si aquesta interpretació és o no realment legal.

e-notícies.cat
11 / 11 / 2009

Alberto Fernández Díaz, cap municipal del PP a l’ajuntament de Barcelona, ha denunciat que “el Consistori paga minutes d’entre 280 euros a 330 euros per una hora de transcripció, més 169 euros per la redacció de l’acta, el que suposa una mitjana de 1.250 euros per transcripció-redacció d’acta”. 

  El líder popular ha indicat que “l’Ajuntament contracta serveis externs per transcriure les actes municipals de comissions i plens, així com audiències públiques i plens de districte”.

Fernández Díaz ha dit que “no entenem perquè el Consistori no ha reforçat des de Recursos Humans la plantilla interna per realitzar aquesta tasca de transcripció i redacció d’actes i altres documents, així com millorar el sistema tècnic per transcriure com l’audio text”. En aquest sentit, el PPC ha assegurat que les contractacions han estat realitzades “a dit”.

Alberto Fernández ha afegit que al districte de Sants-Montjuïc es van gastar 9.944 euros per aquest concepte durant l’any 2008, 9.463 euros per les transcripcions-redaccions de set comissions d’Urbanisme o 6.466 euros per quatre comissions d’Hisenda.

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