Esta persona me confesó que está un poco quemada con el tema porque hay muchísimo fraude y muchísima picaresca por parte de muchos inmigrantes a la hora de abusar y saquear los servicios sociales públicos y, sobre todo, muchísima irresponsabilidad por parte de los responsables de esos servicios sociales públicos a la hora de controlar la entrega de subsidios y pagos.

 Me lo explicó con un ejemplo reciente de un caso que ella lleva personalmente: “Mi ONG se dedica a formar laboralmente a mujeres inmigrantes, a asesorar, acompañar a los inmigrantes a los servicios sociales públicos para recabar recursos y subsidios. Llevo el caso de una familia marroquí, un matrimonio con tres niños de 6, 7 y 8 años.

El hombre lleva 3 años sin trabajar. Ella no trabaja, salvo esporádicas y “negros” trabajos domiciliarios. Todo lo que vas a oír, está comprobado personalmente por mí.

 Hace unos días le ofrecemos a ella un trabajo legal, asegurada en la Seguridad Social, 1000 euros limpios al mes por cinco horas por las tardes para acompañar a una mujer anciana y sola adinerada. El trabajo sólo consiste en hacerle compañía y acompañarla a pasear. La respuesta de la morita fue ésta: “no”, no lo quiero, porque ya tengo la seguridad social y los medicamentos gratis, y porque perderíamos ayudas y subsidios de la Generalidad de Cataluña y del ayuntamiento; si es en “negro”, sí que lo quiero, pero en “blanco”, no.

 Mi indignación subió a límites desconocidos porque, primero, ¿cómo es posible que cinco personas sin trabajo y sin cotizar tengan los medicamentos gratis si eso sólo lo tienen los jubilados españoles? Además, te voy a relatar qué es lo que recibe esta familia:

 -Cobra él 500 euros de la Generalidad de paga “social” mensual desde hace año y medio (cuando dejó de cobrar el paro y el subsidio de los 420 euros del INEM)

 -Cobran 750 euros mensuales a cambio de escolarizar a los niños, los niños tienen la plaza escolar gratis (lógico, pues es un colegio público, pero no hay que olvidar que eso cuesta una pasta a la Administración) y ¡comen los tres niños en el colegio! pudiendo ir a comer a casa porque sus papás no trabajan y porque el colegio está a 100 metros de su hogar; el coste mensual para la Generalidad de las tres plazas de comedor son 900 euros mensuales, 300 euros por niño.

- El ayuntamiento les paga 450 euros mensuales para el alquiler del piso. Por cierto, el matrimonio tiene coche propio y ordenador e internet en casa (el ayuntamiento paga mensualmente la factura de internet de esa familia).

- El ayuntamiento les da 400 euros mensuales para ser canjeados por comida en los supermercados Plus.

 - El ayuntamiento les paga las facturas mensuales de calefacción (gas, 150 euros mensuales de media), luz y agua.

 - Los niños han gozado de gratuidad total en plaza y comedor en los parvularios municipales mientras eran infantes.

 - Los niños han tenido gratis todos los enseres y alimentos infantiles hasta los 3 años (papillas, pañales, carrito-bebé…).

 - Además, esta familia acude con regularidad a entrega de alimentos (banco de alimentos) del ayuntamiento y diversas parroquias, además de las entregas de nuestra propia ONG. Y, por cierto, uno de los niños se ha lesionado hoscamente en el colegio, pues en vez de llevar al niño cada día al servicio público de rehabilitación -como hacemos todos-, pues los padres están sin trabajo y, lógicamente, tendrían tiempo (y

coche) para ello, pues no, la Generalidad les manda cada día a casa un rehabilitador (una empresa subcontratada, que le debe costar una pasta a la Generalidad).

 -Esos niños van a un cursillo extraescolar de fútbol por las tardes que se lo paga, también, la Generalidad, 350 euros mensuales por los 3 niños. Esa actividad extraescolar la pagan de su bolsillo la mayoría de padres (”indígenas”) del colegio citado.

 - El padre de esa familia se lesionó cuando trabajaba en la construcción (¡lleva 3 años en paro!) y se le prescribió una faja lumbar ortopédica a medida, su coste: 450 euros. La Seguridad Social paga 350 euros de esa faja a todo españolito, pero el resto lo tiene que poner el enfermo. Pues el morito se fue al ayuntamiento y consiguió los 100 euros restantes para ser pagados en la ortopedia.

Le acompañé yo, como intermediaria.

 Amiga, saca la calculadora y suma lo que reciben estas gentes en dinero, en especie y lo que cuestan cada mes en gasto público. La ruina.

 Todo lo que te he narrado lo sé a ciencia cierta porque yo llevo, en parte, la atención a esta familia (y a muchas otras, demasiadas).

 Sólo te digo una cosa, para acabar: esto tiene que reventar, esto es insostenible. Entiendo perfectamente que la Generalidad y el ayuntamiento estén en la bancarrota, aunque nos lo ocultan.

 ¿Te has enterado que han cerrados UVIs en el Hospital Arnau y han cerrado plantas de hospitalización como la de Nefrología porque no hay dinero?”

Con esta frase acabó la conversación que tuve ayer con una conocida:

“Esto tiene que reventar por algún lado”.

Enviado por un Vecino
17-Noviembre 2010

Entonces empezaron las amenazas. González tuvo que recurrir a escolta policial aunque meses después se le retiró sin explicación alguna. El partido que la había fichado la dejó sola y sin protección. Aun así, su trabajo permitió que el caso llegara al juez y que se imputara a varios cargos. Finalmente, cuando ella dimitió, se sabía soto voce que había llegado al límite de su resistencia. ¿Cómo puede ser que una persona con cargo público fuera amenazada de muerte, su equipo aterrorizado y la propia Administración no tomase cartas en el asunto? Indica hasta qué punto el Ajuntament ha perdido el control de este distrito y cuán enquistada está la corrupción.

Según nuevas informaciones sobre el sumario del caso, en el tinglado podrían estar vinculados dos altos cargos del Ajuntament. El tufo a podrido, pues, escala cada vez más alto. Lo peor es que estos cargos presumiblemente vinculados a la trama, aunque salen citados en el sumario, ni siquiera han sido imputados. Puede, incluso, que se sientan cada día a trabajar con el funcionario al que, cuando caiga la noche, amenazarán por hurgar donde no debe.

Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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El PSC de Barcelona niega que haya amenazado a la ex concejal Itziar González
Documento: Una carta amenazadora

Una institució centenària fundada l’any 1907, i que des del 1910 ocupa el seu actual emplaçament a la platja de Sant Sebastià, que va camí d’enfonsar-se econòmicament per culpa de la pèssima gestió de tres integrants de les nissagues convergents del nostre país, Sebastià Millans, Joan Vallvé i Pere Meseguer, que maneguen el club a capritx i sense cap mena de control.Però, com s’ha demostrat en el cas Palau o en la Fundació Puigvert, les irregularitats sempre acaben sortint a la llum.
Una inspecció realitzada pel Departament Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona, a instàncies de l’exsoci del club Enric Meca i fonamentada en el cas de la monitora Rosa Domínguez (vegeu peça de la pàgina 7), ha deixat al descobert el que tothom sospitava des de feia molts anys a l’entorn del club i ningú no s’atrevia a denunciar: el frau comès en el pagament de les nòmines d’una bona part de la plantilla de treballadors des del gener del 2008 fins a l’actualitat. La Junta Directiva del CN Barcelona ha reconegut el deute amb la Seguretat Social i va abonar el passat 9 de novembre més de 40.000 euros per posar-se al corrent i evitar la multa, ja que la sentència de Treball reconeix que aquesta quantitat «no figurava en les nòmines dels treballadors i que, per tant, no han estat cotitzades a la Seguretat Social». És a dir, més del 50% de la plantilla de treballadors del club cobrava el seu sou per transferència bancària; però, després, l’import no coincidia amb el full oficial de la nòmina, que sempre reflectia un import inferior, ja que se’n pagava una part, sobretot les hores extra dels monitors, en diner negre. I això només entre el gener de l’any 2008 i l’actualitat. La Inspecció de Treball de Barcelona, una vegada la Junta Directiva del club ha presentat els TC1 i TC2 degudament segellats i s’ha ingressat el deute, espera noves denúncies de treballadors afectats que li permeti investigar els anys 2005, 2006 i 2007.
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Enviat per aigua al coll
24-2-2009

Tots els partits polítics catalans amb representació parlamentària tenen les seves pròpies fundacions amb les que realitzen diferents activitats com ara debats, anàlisi d’idees o estudis, i també posar en nómina a militants. Segons informa ‘Diari de Girona’, per finançar una part d’aquestes accions, les fundacions han rebut quasi vuit milions de diners públics els últims cinc anys: més de 4,6 milions d’euros pertanyen a l’Estat i 3,2 milions han sortit de la Generalitat. Els ajuts es reparteixen d’una manera més o menys proporcional segons la representació parlamentària de cada partit polític.La Fundació que ha sortit més beneficiada ha estat la Rafael Campalans -vinculada al PSC i presidida per Isidre Molas- amb un total de 3.207.782,8 euros. La segueix la Fundació Catalanista i DemòcrataTrias Fargas -vinculada a CDC i que té a Agustí Colomines com a màxim responsable- que des del 2005 ha rebut 1.739.058,5 euros. En tercer lloc, se situa la Josep Irla -la fundació d’ERC que presideix Joan Ridao que actualment és el portaveu del partit al Congrés- amb 1.371.053 euros. La Fundació Miquel Coll i Alentorn (Unió Democràtica) ha rebut 619.054,62 euros. La segueix la Fundació Nous Horitzons -d’ ICV i presidida actualment pel diputat Jaume Bosch- amb 544.975,35 euros.

La següent entitat més subvencionada ha estat la filial catalana de la Fundación para el Estudio y Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del PP, que en els últims 5 anys ha rebut 356.781,99 euros. Aquesta entitat només rep les subvencions que atorga la Generalitat. Les del Govern Central van a parar directament a la FAES estatal, fundada el 1989 i que actualment està dirigida per l’expresident José Maria Aznar. La Fundació l’Alternativa -vinculada a Esquerra Unida i Alternativa- ha rebut 61.539,55 euros. Tanca la llista l’Egara-Civitas (Ciutadans) que des de la seva creació el 2007 ha rebut 50.473 euros.

e-notícies.com
23-11-2009

L’Ajuntament de Barcelona va pagar l’any 2008 un  total de 7.000 euros pel lloguer de vehicles per transportar des de l’aeroport a la ciutat a participants en unes jornades de la fundació Cidob, que presideix l’ex dirigent del PSC, Narcís Serra.

La dada figura en un comunicat de CiU sobre la reunió d’aquest dimecres de la comissió municipal de presidència, territori i funció pública, en la qual l’equip de govern ha donat explicacions sobre els estudis, informes i treballs tècnics encarregats per l’Ajuntament durant el 2008 .

En aquesta partida, el consistori de Jordi Hereu, segons CiU, ha gastat 13,1 milions d’euros, i només estan justificats 11,4 milions. En qualsevol cas, la federació nacionalista afirma que els procediments per l’encàrrec i realització d’aquests informes “estan farcits d’irregularitats”. CiU afirma que “es produeixen encàrrecs que semblen amagar sous encoberts, ja que els treballs a realitzar són mensuals, sempre els mateixos, o es fracciona un mateix informe en tres encàrrecs diferents, amb imports no superiors als 18.000 euros, per evitar haver de sotmetre la seva adjudicació a concurs d’ofertes i poder concedir directament”.

El grup municipal del PP ha reclamat, de la seva banda, l’elaboració d’una auditoria dels informes encarregats pel consistori des de l’any 2007 fins l’actualitat, aprovada en la comissió de presidència del mes d’octubre, com ha fet el Departament d’Economia amb els informes de la Generalitat.

En aquest sentit, el regidor Popular Xavier Mulleras ha denunciat que “segons les despeses liquidades en el pressupost de l’any 2008 es comptabilitzen 13.344.640 euros per l’elaboració d’aquests informes, estudis i treballs tècnics. Pel que fa als contractes de 2008, el 99% es van adjudicar a dit, mitjançant procediment menor o negociat. Aquest 99% dels contractes suposa el 80% de l’import adjudicat”, ha afegit.

e-noticies.cat

El concejal de Urbanismo de Mataró, Ramon Bassa (PSC) ha pedido esta mañana a Genís Carbó que renuncie de su cargo del Consejo Asesor Urbanístico de Mataró, según han informado fuentes municipales. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión por su implicación en el caso Pretoria, la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón. Según el auto del juez, Carbó cobró 244.011 euros del imputado Luis García Sáez Luigi tras un pelotazo urbanístico en Sant Andreu de Llavaneres.
Carbó fue el jefe de los Servicios Territoriales de la Generalitat entre los años 1998 y 2004, pero en su currículum figuran también la subdirección general de Arquitectura y Vivienda del Ejecutivo catalán y la coordinación de los planes territoriales de Cataluña y Barcelona.Además, Carbó fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Mataró entre 1995 y 1999 y presidente de la demarcación de Barcelona en la sectorial de Ordenación del Territorio de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC). Actualmente milita en este partido.

Genís Carbó es uno de los cuatro altos cargos del Gobierno de Pujol implicados en la trama, junto a Macià Alavedra, Lluís Prenafeta (ambos detenidos) y Lluís Renau. Carbó fue asesor de Urbanismo en Arenys de Mar justo en la época en la que Luigi logró un pelotazo en la localidad que también está siendo investigado por Garzón. A raíz de su implicación en la trama, además, ha tenido que renunciar a los cargos que hasta ahora ostentaba en Valls y Cardedeu.

Publicado por:
el país.com

El PSC, en cualquier caso, quiere acelerar el nombramiento de un nuevo alcalde para tratar de volver a una cierta normalidad, después de un otoño tormentoso en lo político. Con la sustitución de Muñoz (y también del concejal de Urbanismo), con el decálogo contra la corrupción y a favor de la transparencia que aprobará este martes la Generalitat y con las disculpas públicas pedidas por el president Montilla, los socialistas intentan trasladar un mensaje de que están reaccionando enérgicamente y con celeridad a la operación que puso en marcha el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Y es que, el caso Pretoria ha golpeado duramente al poder local y municipal de los socialistas, su auténtica línea de flotación en Cataluña y ha extendido la sospecha sobre una determinada forma de actuar en las alcaldías.

Así, la trama de corrupción, que tiene su epicentro en Santa Coloma de Gramanet y en el proyecto Cubics, desde donde se habrían desviado 13 millones de eueros, también ha puesto el foco en Badalona, otro de los grandes feudos socialistas del cinturón metropolitano de Barcelona y desde donde se habría orquestado un pelotazo de 14 millones, y en Sant Andreu de Llavaneras.
A un año de las elecciones autonómicas, las perspectivas electorales son más desfavorables que nunca para los socialistas, ya que, según las encuestas más recientes, si hoy se celebrasen los comicios previstos para el otoño de 2010 CiU ganaría hasta 10 escaños, en tanto que el PSC perdería 2 ó 3. Todo ello, sumado al retroceso estimado para ERC e ICV, haría imposible reeditar un nuevo tripartito (el tercero) en el gobierno de la Generalitat. Por eso, han decido pasar a la acción tomando medidas y tratando de lanzar el mensaje »de que «no todos los políticos son iguales», como acostumbra a repetir José Montilla cada vez que comparece públicamente.

 Luigi, el cerebro de la trama
Según el sumario de Garzón, el nexo de unión entre los tres supuestos pelotazos (Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneras) lo ejerció, presuntamente, el cerebro de la trama, Luis García, alias el ‘Luigi’, diputado socialista durante las tres primeras legislaturas y posteriormente expulsado del partido.

García está acusado de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y falsedad de documento oficial. Garzón se puso sobre la pista del caso Pretoria cuando investigaba los presuntos delitos fiscales del ex propietario de Burberry en España, Eugenio Mora, que era uno de los inversores en la sombra de los terrenos donde se asienta el proyecto Cubics, que a la postre ha dado origen al caso.

La Voz de Galicia.es
9-11-2009