Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

Alberto Fernández Díaz, cap municipal del PP a l’ajuntament de Barcelona, ha denunciat que “el Consistori paga minutes d’entre 280 euros a 330 euros per una hora de transcripció, més 169 euros per la redacció de l’acta, el que suposa una mitjana de 1.250 euros per transcripció-redacció d’acta”. 

  El líder popular ha indicat que “l’Ajuntament contracta serveis externs per transcriure les actes municipals de comissions i plens, així com audiències públiques i plens de districte”.

Fernández Díaz ha dit que “no entenem perquè el Consistori no ha reforçat des de Recursos Humans la plantilla interna per realitzar aquesta tasca de transcripció i redacció d’actes i altres documents, així com millorar el sistema tècnic per transcriure com l’audio text”. En aquest sentit, el PPC ha assegurat que les contractacions han estat realitzades “a dit”.

Alberto Fernández ha afegit que al districte de Sants-Montjuïc es van gastar 9.944 euros per aquest concepte durant l’any 2008, 9.463 euros per les transcripcions-redaccions de set comissions d’Urbanisme o 6.466 euros per quatre comissions d’Hisenda.

e-noticies.cat

El funcionament de les fundacions està regulat per una legislació que no és molt clara, que té certes llacunes i que és susceptible de permetre o propiciar el transvasament de diners entre elles. Sembla que és el que, potser, ha estat passant en aquest assumpte. 

En el control sobre la gestió del Palau i de l’Orfeó Català estaven implicats pràcticament tots els partits. Per posar un exemple, en el consorci del Palau participen la Generalitat de Catalunya, l’administració central i l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest apartat -el consorci- han participat o participen, per tant, representants dels partits que han governat i governen les Generalitat -CiU i el tripartit, és a dir, PSC, ERC i ICV-, els que han governat i governen a la administració central -PP i PSOE- i els que han dirigit l’Ajuntament de Barcelona aquests anys -bàsicament, el PSC-.

Les subvencions i partides de diners dirigides a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i la resta d’organismes que gestionen la institució han arribat des de diverses administracions, però cap d’elles ha estat capaç de controlar la utilització d’aquests recursos financers.

Ara s’estan rellevant dades que indiquen connexions financeres entre les entitats que dirigia Millet i algunes fundacions lligades a partits polítics. El mateix Millet va estar vinculat a la fundació Faes, del PP. A més, no sembla que els partits tinguin molt d’interès a aclarir l’assumpte, perquè al Parlament de Catalunya només PPC i Ciutadans van estar a favor que es creés una comissió d’investigació sobre el cas.

Publicat: e-Notícies
02 / 10 / 2009

Luis Ángel Sanz | Efe | Madrid
 martes 29/09/2009

El magistrado que instruye la trama madrileña del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, ha ordenado levantar parcialmente el secreto de sumario del caso en un auto en el que detalla todos los imputados en la trama. En total, Pedreira cita a 71 personas, entre ellas, la esposa del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a todos ellos y al resto de partes para los días 6, 7 y 8 de octubre para hacerles entrega de parte de las actuaciones, en concreto, las que realizó el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Las partes personadas en la causa recogerán la documentación a partir de las 10.00 horas y han sido citados por orden alfabético.

Además de los tres imputados que continúan en prisión -los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, el juez cita como imputados al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, a los diputados autonómicos de Madrid Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y a los ex alcaldes de Arganda del Rey (Ginés López), Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda) y Boadilla del Monte (Arturo González Panero).Entre los imputados también está el hombre de confianza de Antoine Sánchez en Valencia, Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, y el sastre José Tomás García, que confeccionó varios trajes para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Figuran asimismo Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la red dirigida por Francisco Correa, así como dos empresas de la trama, Easy Concept y Good & Better, que han sido intervenidas judicialmente.

17.000 folios repartidos en 20 tomos

La lista de imputados se puede reducir en breve, ya que el fiscal ha pedido que se sobresea el caso para siete de ellos, aunque sus identidades se desconocen.

El levantamiento del secreto afectará a casi un tercio de las diligencias efectuadas. Serán un total de 17.000 folios repartidos en 20 tomos. Catorce de ellos son de documentación, tres de medidas cautelares, otros tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y uno de filtraciones.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que la imputación de Rosa Iglesias aclara lo sucedido el pasado 29 de junio, cuando dos agentes de la Policía visitaron su domicilio por orden de Pedreira.

Bárcenas, quien por su condición de senador está siendo investigado por el Tribunal Supremo, denunció entonces los hechos al considerar que el magistrado del TSJM no tenía competencia para dirigir la causa contra él, pero en realidad los agentes iban a entregar una citación para su mujer a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Investigación en Madrid y Valencia

Es aproximadamente un tercio del sumario y corresponde principalmente a las investigaciones realizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que éste se inhibiera y trasladara el caso a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia.

Esa parte consta de 20 tomos del sumario principal, catorce tomos de documentación, tres de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y otro llamado “de filtraciones”.

Aparte de los imputados, tendrán acceso a la causa como perjudicados la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid y como acusaciones el PP, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y varios concejales socialistas de Boadilla del Monte.

El “levantamiento parcial” del secreto no incluye las 15 comisiones rogatorias cursadas a ocho países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, por el juez Pedreira, que ha orientado buena parte de sus pesquisas a averiguar el paradero del dinero supuestamente desviado por el entramado empresarial dirigido por Francisco Correa.

De los cerca de 17.000 folios que serán entregados a los interesados se han excluido también los datos que puedan vulnerar la intimidad de las personas implicadas en el caso que asumió Pedreira el pasado 31 de marzo.

Desde entonces, el magistrado ha tomado declaración como imputados a 21 personas, de las que tres -Correa, Crespo y Sánchez- permanecen en prisión.

El juez justifica su decisión de no levantar totalmente el secreto diciendo que “de las relaciones y las personas investigadas en la trama se evidencia un riesgo más que probable” de que el alzamiento total del secreto “pudiera dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación“.

Además

Fuente: el mundo.es

PRINCIPALES ENTIDADES / El informe supervisó el funcionamiento de las 224 principales entidades financieras de la UE, de las cuales 18 eran españolas y controlaban el 70% de los servicios financieros minoristas de España. Entre esas entidades figuran los bancos Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Bankinter y Barclays y las cajas La Caixa, Caja Madrid, Mediterráneo y Bancaja. El coste medio de una cuenta bancaria en España, sumando todas las comisiones y gastos que cobra la entidad a lo largo del año por las distintas operaciones, asciende de media a 178 euros, destaca el informe. Esta cifra es casi el doble de lo que pagan los consumidores en Alemania (89 euros) y casi cuatro veces más que lo que pagan en Holanda (46 euros), dos países con un nivel de renta mucho más elevado que España.

LÍDERES EN OPACIDAD / Las entidades financieras españolas también destacan por su opacidad, la falta de transparencia y la insuficiente e incomprensible información que se facilita a los clientes.
En el 90% de los bancos y cajas controlados en España, los gastos y comisiones bancarias eran tan poco claros que obligaron a los expertos del Ejecutivo comunitario a tener que recurrir a contactos adicionales con las entidades para poder descubrir los costes reales de las cuentas, precisa el informe. En el conjunto de la UE ese porcentaje fue significativamente inferior: el 66%.
Italia es el peor país de toda la UE, con unos costes anuales por cuenta de 253 euros, que pueden llegar a 831 euros anuales si el titular mantiene una intensa actividad bancaria, con numerosas operaciones, según detalla el informe del Ejecutivo comunitario.

LOS PEORES Y LOS MEJORES / España, junto a Italia, Francia y Austria, constituye el grupo de países con las entidades financieras más opacas y más caras de toda la UE. «Y existe un vínculo entre opacidad, complejidad y tarifas elevadas», destacó la comisaria Meglena Kuneva.
En el otro extremo figuran Portugal, Bélgica, Holanda y Bulgaria, con los costes anuales más bajos de la UE y un nivel de transparencia y simplicidad en las comisiones por encima de la media europea. Los costes anuales de una cuenta bancaria en esos países oscilan de media entre los 27 euros de Bulgaria y los 58 euros de Bélgica.

CAMBIO DE CULTURA / «Los bancos necesitan poner orden en su casa con un cambio de cultura en la forma de tratar a los clientes y las autoridades nacionales deben cumplir su obligación de hacer respetar las leyes europeas sobre consumo», subrayó Kuneva. Además del elevado coste y opacidad de las comisiones bancarias, el Ejecutivo comunitario está preocupado por el pésimo nivel de información que facilitan las entidades a sus clientes, el inadecuado e interesado asesoramiento en la colocación de productos financieros y las dificultades que implica cambiar de entidad, lo que ayuda a mantener a la clientela cautiva en unas condiciones poco favorables al consumidor. La eurocomisaria Kuneva citó como un ejemplo paradigmático de las malas prácticas bancarias los típicos anuncios donde se ofrece un préstamo a un tipo de interés del 0% o a un interés muy bajo, sin mencionar que ese tipo solo se aplicará durante unos meses y que luego el cliente deberá pagar un tipo mucho más elevado. Lo mismo ocurre con las ofertas de elevada retribución por los depósitos. «Esto constituye una violación de las leyes europeas», denunció Meglena Kuneva, al igual que las cláusulas ininteligibles que siguen figurando ocultas al final de los contratos bancarios.

MAL ASESORAMIENTO / La actual crisis financiera ha resaltado el problema del mal asesoramiento de los empleados bancarios a sus clientes sobre los productos financieros que les ofrecen, con promesas de altas rentabilidades y ocultando, sin embargo, los elevados riesgos, muchas veces en un claro conflicto de intereses, precisa el informe de la Comisión Europea.
«Existen pruebas crecientes de que los consumidores no reciben a menudo el adecuado asesoramiento en los servicios financieros», lamentó Kuneva. Los clientes se fían de las propuestas de los empleados bancarios porque creen en su honestidad y en sus conocimientos especializados. Pero, en lugar de encontrar el esperado asesoramiento honesto e imparcial, «muy a menudo la realidad es bastante diferente», prosiguió la comisaria en su contundente alegato.

POCOS CONOCIMIENTOS / La investigación ha mostrado que en muchas ocasiones los empleados carecen de los conocimientos adecuados sobre los productos financieros que proponen y que en otras ocasiones tienen un interés especial en colocar esos productos aunque no le convengan a ese cliente o sean muy arriesgados, porque reciben una bonificación por ello, lo que da lugar a un claro conflicto de intereses.
Kuneva señaló, por ejemplo, que el 72% de los profesionales han reconocido que el principal motivo para ofrecer un producto determinado a un cliente es su retribución personal y no que ese producto le convenga a ese cliente.

Fuente: El Periódico