Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

Una institució centenària fundada l’any 1907, i que des del 1910 ocupa el seu actual emplaçament a la platja de Sant Sebastià, que va camí d’enfonsar-se econòmicament per culpa de la pèssima gestió de tres integrants de les nissagues convergents del nostre país, Sebastià Millans, Joan Vallvé i Pere Meseguer, que maneguen el club a capritx i sense cap mena de control.Però, com s’ha demostrat en el cas Palau o en la Fundació Puigvert, les irregularitats sempre acaben sortint a la llum.
Una inspecció realitzada pel Departament Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona, a instàncies de l’exsoci del club Enric Meca i fonamentada en el cas de la monitora Rosa Domínguez (vegeu peça de la pàgina 7), ha deixat al descobert el que tothom sospitava des de feia molts anys a l’entorn del club i ningú no s’atrevia a denunciar: el frau comès en el pagament de les nòmines d’una bona part de la plantilla de treballadors des del gener del 2008 fins a l’actualitat. La Junta Directiva del CN Barcelona ha reconegut el deute amb la Seguretat Social i va abonar el passat 9 de novembre més de 40.000 euros per posar-se al corrent i evitar la multa, ja que la sentència de Treball reconeix que aquesta quantitat «no figurava en les nòmines dels treballadors i que, per tant, no han estat cotitzades a la Seguretat Social». És a dir, més del 50% de la plantilla de treballadors del club cobrava el seu sou per transferència bancària; però, després, l’import no coincidia amb el full oficial de la nòmina, que sempre reflectia un import inferior, ja que se’n pagava una part, sobretot les hores extra dels monitors, en diner negre. I això només entre el gener de l’any 2008 i l’actualitat. La Inspecció de Treball de Barcelona, una vegada la Junta Directiva del club ha presentat els TC1 i TC2 degudament segellats i s’ha ingressat el deute, espera noves denúncies de treballadors afectats que li permeti investigar els anys 2005, 2006 i 2007.
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Enviat per aigua al coll
24-2-2009

Tots els partits polítics catalans amb representació parlamentària tenen les seves pròpies fundacions amb les que realitzen diferents activitats com ara debats, anàlisi d’idees o estudis, i també posar en nómina a militants. Segons informa ‘Diari de Girona’, per finançar una part d’aquestes accions, les fundacions han rebut quasi vuit milions de diners públics els últims cinc anys: més de 4,6 milions d’euros pertanyen a l’Estat i 3,2 milions han sortit de la Generalitat. Els ajuts es reparteixen d’una manera més o menys proporcional segons la representació parlamentària de cada partit polític.La Fundació que ha sortit més beneficiada ha estat la Rafael Campalans -vinculada al PSC i presidida per Isidre Molas- amb un total de 3.207.782,8 euros. La segueix la Fundació Catalanista i DemòcrataTrias Fargas -vinculada a CDC i que té a Agustí Colomines com a màxim responsable- que des del 2005 ha rebut 1.739.058,5 euros. En tercer lloc, se situa la Josep Irla -la fundació d’ERC que presideix Joan Ridao que actualment és el portaveu del partit al Congrés- amb 1.371.053 euros. La Fundació Miquel Coll i Alentorn (Unió Democràtica) ha rebut 619.054,62 euros. La segueix la Fundació Nous Horitzons -d’ ICV i presidida actualment pel diputat Jaume Bosch- amb 544.975,35 euros.

La següent entitat més subvencionada ha estat la filial catalana de la Fundación para el Estudio y Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del PP, que en els últims 5 anys ha rebut 356.781,99 euros. Aquesta entitat només rep les subvencions que atorga la Generalitat. Les del Govern Central van a parar directament a la FAES estatal, fundada el 1989 i que actualment està dirigida per l’expresident José Maria Aznar. La Fundació l’Alternativa -vinculada a Esquerra Unida i Alternativa- ha rebut 61.539,55 euros. Tanca la llista l’Egara-Civitas (Ciutadans) que des de la seva creació el 2007 ha rebut 50.473 euros.

e-notícies.com
23-11-2009

Barcelona. (EFE).- El desvío de fondos del Palau de la Música durante la gestión de su ex presidente Félix Millet ronda los 10 millones euros, según el sumario, que implica por estos hechos, además de al ex director administrativo Jordi Montull y a su hija Gemma Montull, directora financiera, al tesorero de la Fundación Pau Durà Basté y a su predecesor Enric Álvarez.
Según el sumario, cuyo contenido se ha conocido parcialmente, además del desvío inicial de fondos de 2003, procedentes de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y de la Associació Orfeó Català-Palau de la Música que originó la investigación de la Fiscalía —con partidas de 1,7 y 0,6 millones de euros— en ejercicios posteriores y hasta 2008 se realizaron otras operaciones del tipo “talones reintegro” por valor de otros ocho millones.

A la espera de obtener la documentación bancaria de todas las entidades financieras, en el mismo sumario se explica que en 2004, desde la Associació se realizaron, al menos, catorce operaciones de este tipo “talón reintegro” por valor de 2 millones; siete en 2005, por valor de 812.216 euros; seis en 2006, por 360.000 euros; ocho en 2007, por 556.434 euros y tres más en 2008, por 200.000 euros.

En cuanto a los movimientos de la Fundació, el sumario recoge cuatro operaciones en 2004, por valor de 306.998 euros; tres en 2005, por 310.000 euros; cinco en 2006, por 1 millón de euros; ocho en 2007 por 1,02 millones, y nueve más en 2008 por un valor total de 994.340 euros.

Estos movimientos, se indica en el sumario, podrían haberse llevado a cabo como pago a supuestas obras realizadas en estas entidades culturales, así como por la contratación de actuaciones de artistas no justificadas documentalmente.

En el sumario se explica que, según las diligencias abiertas por la Fiscalía, los querellados habrían desviado cuantiosas sumas de dinero de la entidad. Para ello, utilizaban “una maraña de cuentas bancarias, justificaciones documentales mendaces y empresas pantalla, convirtiendo fondos en dinero efectivo y haciéndolos desaparecer después”.

La sospecha inicial de irregularidades contables surgió cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude detectó operaciones bancarias de la Fundació y de la Associació realizadas en efectivo con billetes de 500 euros en 2003. Las operaciones no figuraban contabilizadas oficialmente, por lo que la agencia Tributaria solicitó los justificantes.

Aunque la Fundació explicó que el dinero se había destinado a obras de remodelación del Palau, varias de las empresas, que supuestamente se encargaron de las mismas, presentaban un “perfil completamente plano”, es decir sin actividad real, mientras que las compañías que sí estaban operativas habían cobrado por esas operaciones antes, pero por trasferencia bancaria, “no en efectivo”.

En cuanto a la retirada de fondos de la Associació, los gestores respondieron ante la inspección tributaria que el dinero se había destinado a pagar en efectivo facturas de obras realizadas en la entidad, en concreto a las mismas firmas citadas por la Fundació (CBM 10 SL, Horencat, Trioba, FM2 Instalacions y Manteniments integrals FM2).

La inspección de tributos constató que la Fundació y la Associació estaban aportando las mismas facturas en justificación de retiradas de fondos distintas, aunque posteriormente la Associació rectificó y adujo que dichas sumas se habían destinado al pago de artistas, aunque presentó un listado no riguroso, ya que no incluía su correspondiente soporte documental.

La Agencia Tributaria puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos que, en julio de 2008, motivaron la correspondiente investigación y el registro del Palau por parte de los Mossos d’Esquadra que puso punto final a la carrera pública de Millet.

El juez ha mantenido en secreto la parte del sumario correspondiente a las diligencias de investigación, a la espera de las declaraciones de los querellados.

En la nota remitida hoy por la Fiscalía, se explica que el pasado 8 de septiembre el Fiscal presentó un escrito al juzgado en el que se recogían nuevos hechos presuntamente delictivos, entre los que se incluían pagos realizados por las dos entidades a empresas relacionadas con los querellados en 2008 y 2009, así como pagos por supuestos trabajos en el Palau que podían no ser reales.

El juez ha citado a declarar como imputados a Millet y Montull el 19 de octubre, una declaración que se producirá casi tres meses después del registro del Palau. Tanto Millet como Montull confesaron en una carta al juez haber desviado para su beneficio personal 3,3 millones de euros. Por el momento, el juez no ha citado a declarar a Gemma Montull, ni a las otras dos implicados.

La Vanguardia.es
8-10-2009

El funcionament de les fundacions està regulat per una legislació que no és molt clara, que té certes llacunes i que és susceptible de permetre o propiciar el transvasament de diners entre elles. Sembla que és el que, potser, ha estat passant en aquest assumpte. 

En el control sobre la gestió del Palau i de l’Orfeó Català estaven implicats pràcticament tots els partits. Per posar un exemple, en el consorci del Palau participen la Generalitat de Catalunya, l’administració central i l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest apartat -el consorci- han participat o participen, per tant, representants dels partits que han governat i governen les Generalitat -CiU i el tripartit, és a dir, PSC, ERC i ICV-, els que han governat i governen a la administració central -PP i PSOE- i els que han dirigit l’Ajuntament de Barcelona aquests anys -bàsicament, el PSC-.

Les subvencions i partides de diners dirigides a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i la resta d’organismes que gestionen la institució han arribat des de diverses administracions, però cap d’elles ha estat capaç de controlar la utilització d’aquests recursos financers.

Ara s’estan rellevant dades que indiquen connexions financeres entre les entitats que dirigia Millet i algunes fundacions lligades a partits polítics. El mateix Millet va estar vinculat a la fundació Faes, del PP. A més, no sembla que els partits tinguin molt d’interès a aclarir l’assumpte, perquè al Parlament de Catalunya només PPC i Ciutadans van estar a favor que es creés una comissió d’investigació sobre el cas.

Publicat: e-Notícies
02 / 10 / 2009

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha reclamado “limpiar a fondo en el Palau” para poder abrir una nueva etapa necesaria en la entidad, aunque el gobierno municipal ha rechazado detener la tramitación urbanística de su hotel, como han pedido el ERC y el PP en el pleno municipal.

 Vista de la Sala Millet del Palau de la Música desde un agujero en una pared. Foto: RICARD CUGATHereu ha declarado que el ayuntamiento apoya “plenamente” a la nueva dirección de la institución y “está implicado desde el primer minuto en la construcción de una nueva etapa necesaria en el Palau de la Música”, que ha señalado que “no es posible abrir” sin “el análisis exhaustivo y a fondo de la etapa que queremos cerrar”.

“Es absolutamente imprescindible fer net de eso que queremos cerrar”, ha afirmado el alcalde en referencia a la etapa en la que Félix Millet ha estado al frente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, presidencia que ha abandonado por las irregularidades que él mismo ha confesado y que han supuesto, por lo menos, el desvío de más de 3 millones de euros.

En el pleno celebrado hoy se han presentado dos peticiones relacionadas con el Palau de la Música, una del PP y otra de ERC.

El PP pide fiscalizar las aportaciones

El concejal del PPC Alberto Fernández Díaz ha reclamado “fiscalizar” las millonarias aportaciones que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho al Palau en los últimos años y que el equipo de gobierno municipal se comprometa a no aprobar el hotel “hasta que esté todo aclarado”.

También ERC, que siempre se ha opuesto a la construcción de este hotel de lujo junto al Palau de la Música, ha pedido que el ayuntamiento paralice la tramitación del proceso del Plan de Mejora Urbana que fija las características del hotel y es la ultima fase para empezar las obras.

El presidente del grupo municipal de ERC, Jordi Portabella, ha pedido al gobierno municipal que “no presione a la actual junta” de la Fundación del Palau de la Música para llevar adelante el proyecto hotelero.

El teniente de alcalde Ramon García Bragado ha reconocido que “no hay ninguna urgencia en este hotel” y ha prometido que el ayuntamiento será prudente.

MÁS INFORMACIÓN

• Millet y Montull renuncian definitivamente a sus cargos en la Fundació y L’Orfeó 71 días después del escándalo
• Millet utilizó un centenar de cuentas para desviar fondos
• La donación de Millet a Colom superó el límite para los partidos
• Gemma Montull intentó esconder archivos informáticos a la policía
• Convergència admite que una de sus fundaciones recibió dinero de Fèlix Millet

Fuente: El Periódico
02-10-2009

Luis Ángel Sanz | Efe | Madrid
 martes 29/09/2009

El magistrado que instruye la trama madrileña del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, ha ordenado levantar parcialmente el secreto de sumario del caso en un auto en el que detalla todos los imputados en la trama. En total, Pedreira cita a 71 personas, entre ellas, la esposa del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a todos ellos y al resto de partes para los días 6, 7 y 8 de octubre para hacerles entrega de parte de las actuaciones, en concreto, las que realizó el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Las partes personadas en la causa recogerán la documentación a partir de las 10.00 horas y han sido citados por orden alfabético.

Además de los tres imputados que continúan en prisión -los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, el juez cita como imputados al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, a los diputados autonómicos de Madrid Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y a los ex alcaldes de Arganda del Rey (Ginés López), Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda) y Boadilla del Monte (Arturo González Panero).Entre los imputados también está el hombre de confianza de Antoine Sánchez en Valencia, Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, y el sastre José Tomás García, que confeccionó varios trajes para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Figuran asimismo Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la red dirigida por Francisco Correa, así como dos empresas de la trama, Easy Concept y Good & Better, que han sido intervenidas judicialmente.

17.000 folios repartidos en 20 tomos

La lista de imputados se puede reducir en breve, ya que el fiscal ha pedido que se sobresea el caso para siete de ellos, aunque sus identidades se desconocen.

El levantamiento del secreto afectará a casi un tercio de las diligencias efectuadas. Serán un total de 17.000 folios repartidos en 20 tomos. Catorce de ellos son de documentación, tres de medidas cautelares, otros tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y uno de filtraciones.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que la imputación de Rosa Iglesias aclara lo sucedido el pasado 29 de junio, cuando dos agentes de la Policía visitaron su domicilio por orden de Pedreira.

Bárcenas, quien por su condición de senador está siendo investigado por el Tribunal Supremo, denunció entonces los hechos al considerar que el magistrado del TSJM no tenía competencia para dirigir la causa contra él, pero en realidad los agentes iban a entregar una citación para su mujer a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Investigación en Madrid y Valencia

Es aproximadamente un tercio del sumario y corresponde principalmente a las investigaciones realizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que éste se inhibiera y trasladara el caso a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia.

Esa parte consta de 20 tomos del sumario principal, catorce tomos de documentación, tres de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y otro llamado “de filtraciones”.

Aparte de los imputados, tendrán acceso a la causa como perjudicados la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid y como acusaciones el PP, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y varios concejales socialistas de Boadilla del Monte.

El “levantamiento parcial” del secreto no incluye las 15 comisiones rogatorias cursadas a ocho países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, por el juez Pedreira, que ha orientado buena parte de sus pesquisas a averiguar el paradero del dinero supuestamente desviado por el entramado empresarial dirigido por Francisco Correa.

De los cerca de 17.000 folios que serán entregados a los interesados se han excluido también los datos que puedan vulnerar la intimidad de las personas implicadas en el caso que asumió Pedreira el pasado 31 de marzo.

Desde entonces, el magistrado ha tomado declaración como imputados a 21 personas, de las que tres -Correa, Crespo y Sánchez- permanecen en prisión.

El juez justifica su decisión de no levantar totalmente el secreto diciendo que “de las relaciones y las personas investigadas en la trama se evidencia un riesgo más que probable” de que el alzamiento total del secreto “pudiera dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación“.

Además

Fuente: el mundo.es

Pel que fa al Palau, Clara Millet hi està contractada des de fa anys. És la cap del departament d’internacional, però actualment està de baixa (potser a l’espera que la nova direcció l’acomiadi). La seva germana Laila no hi ha treballat mai, oficialment. Però qui sí que ho fa és el seu marit, Ross Jackson, amb el qual es va casar al mateix Palau -la Clara també va fer-hi el convit nupcial- i que, un cop a la setmana va a donar-hi classes d’anglès als treballadors.

Pel que fa als Montull, la filla Gemma, fins fa una setmana adjunta a la direcció administrativa, és un dels noms que apareixen dins de la investigació judicial, però, a més, el seu marit, Enric Fernández, un assessor legal actualment en nòmina al departament d’Economia i Finances de la Generalitat, va ser qui va fer les auditories del Palau durant anys.

Per acabar-ho d’arreglar, Millet, al més tradicional estil patriarcal, i sempre secundat per Montull, va fundar i tancar nombroses empreses, moltes de les quals dedicades a la promoció immobiliària. Algunes d’aquestes, com ara Bonoima, apareixen a la confessió de Millet. Però una altra llarga llista de societats, que també van pagar incentius als exdirectius o als encarregats de fer informes inútils i que també estan sent investigades, no hi apareixen.

En la majoria d’aquestes -vegeu el quadre adjunt- hi figuren com a administradors Millet i Montull, però en d’altres apareixen en els càrrecs directius les seves respectives esposes, Marta Vallès i Mercedes Mir, i en els càrrecs intermedis els seus fills i gendres.

L’empresa on hi ha més implicacions familiars, Reimi Habitatges, va ser fundada per Millet amb Enric Reyna, expresident de la Fira de Bercelona, del FC Barcelona i actual propietari del grup Amrey, promotora immobiliària de Catalunya i Balears. Reyna és també vocal de la junta del patronat de la Fundació del Palau.

Font:  avui.cat

Cataluña al igual que otras autonomías, es una inmensa cloaca de corrupción, un cagadero de escándalos: el escándalo del Palau, el juicio a Javier de la Rosa y Josep Lluís Núñez por sobornar a inspectores de Hacienda, el pelotazo urbanístico de Laporta, Carretero cobrando de un hospital que aún no funciona, caso Gurtel, escuchas en Madrid y sabe dios dónde, Marbella, Benidorm,  el Poder Judicial no se queda al margen con sus últimos y sonados escándalos a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Robar, estafar, engañar y luego arrepentirse es el deporte nacional, las querellas pasados años caducan, es cuestión de sentarse a esperar y luego emerger con fuerza  y sacar los dineros. Como estará el ayuntamiento de Barcelona, que necesita dos auditores(El Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, que realizo la auditoria de las cuentas anuales de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.
Es también la empresa que audita la situación financiera de todo el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, juntamente con la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, según la documentación al respecto, a la cual ha tenido acceso e-noticíes.

En concreto, según esta documentación, las dos empresas auditan “Ayuntamiento de Barcelona y a sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales i sociedades dependientes”. La auditoria correspondiente al ejercicio de 2008 està firmada por Xavier Brossa i Galofré, por PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, i por Enric Ribas Miràngels, del Gabinete Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA.

Ciudadanos como podéis ver se avecinan días sin desperdicio, todo será un ir y venir.

El Caganero Justiciero