El Departamento de Salud confirmó que el centro de diálisis, gestionado por la multinacional alemana Fresenius, le comunicó el contagio el pasado 1 de diciembre y acotó los afectados a tan sólo siete casos. La Generalitat, que no informó públicamente del caso, ha incoado un expediente para dilucidar las causas de este brote. La investigación se prolongará durante varias semanas porque Salud todavía no ha identificado al primer afectado, un dato fundamental para detectar la vía de contagio.

Esta explicación, de momento, no la han recibido los afectados, quienes reclaman menos “secretismo” y “más información”. Al menos cinco de los infectados, contactados por este diario, pretenden denunciar al centro por lo ocurrido. A uno de ellos, un hombre de 61 años que pidió el anonimato, la infección le obligó a posponer el trasplante de riñón tras cuatro años y medio en lista de espera. “Tendremos que esperar otros 5 o 10 años”, lamentó la esposa del afectado, que también pidió que no se revelara su nombre. El paciente, algo aturdido tras pasar la jornada en el mismo centro de diálisis que le infectó, prefiere no hablar. “Estoy mareado”, se excusó.

Su esposa sí rememoró la noche en que ambos miraban el Real Madrid-Olympique de Marsella frente al televisor. Era el 8 de diciembre y recibieron la llamada que anhelaban desde 2005. “No, por favor”, respondió el paciente cuando le avisaron del inminente trasplante, imposible de realizar en caso de contagio del virus. Y 12 horas después, unos análisis no detectaron restos del virus de la hepatitis porque su propio organismo los había eliminado.

Pero ya era tarde. Los riñones del donante ya aguardaban en un quirófano, pero listos para ser trasplantados a otro paciente. “No llegamos a tiempo. Mi marido dice que es mejor tirarse por la ventana y ya está”, susurró la mujer.

Aunque la variante C de la hepatitis es la que produce efectos más graves -cirrosis o cáncer de hígado en sus casos más extremos-, éstos a veces tardan 20 años o más en aparecer. Es el factor que esgrimió la clínica para tranquilizar a los familiares de S. M. R., paciente contagiada de 82 años. “No se preocupen, la enfermedad no llegará a afectarle porque morirá antes”, alegó el doctor, según recuerda Carmen, hija de la paciente. “No es manera de explicar las cosas”, protestó la mujer ayer al otro lado del teléfono.

Las tres hipótesis que maneja el Departamento de Salud sobre el contagio apuntan a una mala praxis del personal, un accidente o un error humano, aunque los antecedentes en estos casos señalan que, por regla general, estos brotes se producen por un error en la manipulación de utensilios médicos, casi siempre una jeringuilla. La vía más común de contagio es que esta jeringuilla, tras ser utilizada en algún paciente que ya porta el virus, es reutilizada indebidamente para pinchar algún bote o maquina. Esto contamina los aparejos y desde allí, el virus llega a los demás enfermos que entran en contacto con ellos.

El Departamento de Salud realizó, tras conocer el brote, una inspección al centro -Instituto Nefrológico Santa Tecla- y recomendó la adopción de algunas medidas “cautelares y correctivas”. No es que se aplicaran mal los protocolos, sino que Salud recomendó que se extremaran las precauciones. Otro tanto sucedió con los seis centros de hemodiálisis que también gestiona Fresenius en Cataluña, todos ellos concertados.

Tanto Salud como fuentes de la multinacional declinaron concretar los procedimientos que tuvieron que corregir. No obstante, fuentes de la Generalitat señalaron: “Si se hubiesen detectado fallos graves, se habría cerrado el centro sin más dilación”.

Fuente: El País

En concret, l’any 2008 els agents de la Guàrdia Urbana van fer 492.506 hores extres.
El prop de mig miler d’hores extres fetes fa dos anys es va traduir en una despesa addicional de 8 milions d’euros. La xifra va davallar lleugerament l’any passat, quan els agents del cos policial municipal van fer 475.296 hores extres

i van situar el cost addicional que ha d’assumir el consistori en 7,8 milions d’euros. El portaveu de Convergència i Unió a la comissió de seguretat, Joaquim Forn, va recordar que el seu grup municipal cada any pregunta pel nombre d’hores extres que fa la Guàrdia Urbana i «cada any constaten l’elevat nombre d’hores extraordinàries fetes pels agents». Segons els càlculs de Forn, les hores extres fetes al llarg de l’any suposen que la plantilla de la Guàrdia Urbana realitza «unes 1.320 hores extres al dia». Pel portaveu de CiU, el fet que els agents facin tantes hores extres «evidencia que falten efectius» al cos policial.

“En cuanto tuvimos conocimiento del montaje lo empezamos a investigar y nos pusimos en contacto directo con el diputado para asegurarle que lo estábamos tomando muy en serio y que había sido un error desgraciado”, afirmó Solomont.

Llamazares recibió ayer en su despacho del Congreso a dos funcionarios estadounidenses que le pidieron excusas por lo sucedido, pero este las consideró “insuficientes” por ser “muy limitadas y sucintas”.

El portavoz parlamentario de IU había pedido el martes una entrevista con el embajador para recabar la versión oficial sobre el resultado de la investigación interna de los hechos abierta por el Ejecutivo de Washington. Sin embargo, fue un representante de la sección consular legal de la embajada y un agregado del FBI quienes se reunieron con él, por espacio de menos de media hora, para abordar el asunto.

Llamazares volvió a trasladar ayer en un comunicado su “seria preocupación” por las consecuencias que puede acarrear el uso de su imagen para elaborar retratos de terroristas perseguidos en todo el mundo, y también por la posibilidad de que el FBI siga esta práctica con ciudadanos particulares.

Además de reclamarles una investigación “profunda y seria”, que ya solicitó en su anterior comunicación con el agregado de prensa de la Embajada de EEUU, el sábado pasado, el diputado exigió que se depuren todas las responsabilidades.

Igualmente pidió que el error del FBI y su rectificación “sea publicitado con los mismos e importantes medios de publicidad” empleados para el fotomontaje a fin de “despejar cualquier duda o vinculación” de este diputado “con cualquier tipo de asunto vinculado al terrorismo”.

Fuente: El Periódico de Aragón

Entre la reunión de la cúpula de CEOE del pasado diciembre y la mantenida ayer ha pasado un mes. En este tiempo los problemas de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, y su grupo empresarial, Marsans, han crecido. Su posición se ha deteriorado gravemente. Pero el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CEOE insisten en apoyar a su presidente.

Oportunidades no han faltado. El informe del presidente en la junta directiva arrancó ayer con un repaso de la crisis de Air Comet. Al cerrar ese capítulo, Díaz Ferrán abrió un turno de palabra. Por toda respuesta recibió una salva de aplausos, según varios asistentes a la reunión. La ovación no tuvo la intensidad de otras ocasiones, pero no hubo ni una sola intervención entre los más de 200 asistentes.

En las otras reuniones, el apoyo se repitió. Incluso entre quienes podrían optar a una potencial sucesión: Joan Rosell y Santiago Herrero, responsables de la patronal catalana y andaluza, respectivamente.

Pero las críticas sottovoce crecen, incluso entre algunos de sus más firmes partidarios hasta hace poco. Temen que el deterioro de la figura de Díaz Ferrán afecte a la imagen de la clase empresarial. “Yo sé que como representante de una organización empresarial tengo que comportarme con más exigencias”, afirma un dirigente patronal, que matiza: “No todo el mundo tiene que comportarse como yo”.

Varios asistentes al Comité Ejecutivo explicaron que no quieren volver a tratar el tema: “No se puede estar ratificando a Gerardo Díaz Ferrán en todas las reuniones”. Pero otras fuentes de la organización no descartan que ese apoyo silencioso acabe si los problemas empresariales de Díaz Ferrán siguen creciendo.

Fuente: El País

Jordi Flores

Una institució centenària fundada l’any 1907, i que des del 1910 ocupa el seu actual emplaçament a la platja de Sant Sebastià, que va camí d’enfonsar-se econòmicament per culpa de la pèssima gestió de tres integrants de les nissagues convergents del nostre país, Sebastià Millans, Joan Vallvé i Pere Meseguer, que maneguen el club a capritx i sense cap mena de control.Però, com s’ha demostrat en el cas Palau o en la Fundació Puigvert, les irregularitats sempre acaben sortint a la llum.
Una inspecció realitzada pel Departament Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona, a instàncies de l’exsoci del club Enric Meca i fonamentada en el cas de la monitora Rosa Domínguez (vegeu peça de la pàgina 7), ha deixat al descobert el que tothom sospitava des de feia molts anys a l’entorn del club i ningú no s’atrevia a denunciar: el frau comès en el pagament de les nòmines d’una bona part de la plantilla de treballadors des del gener del 2008 fins a l’actualitat. La Junta Directiva del CN Barcelona ha reconegut el deute amb la Seguretat Social i va abonar el passat 9 de novembre més de 40.000 euros per posar-se al corrent i evitar la multa, ja que la sentència de Treball reconeix que aquesta quantitat «no figurava en les nòmines dels treballadors i que, per tant, no han estat cotitzades a la Seguretat Social». És a dir, més del 50% de la plantilla de treballadors del club cobrava el seu sou per transferència bancària; però, després, l’import no coincidia amb el full oficial de la nòmina, que sempre reflectia un import inferior, ja que se’n pagava una part, sobretot les hores extra dels monitors, en diner negre. I això només entre el gener de l’any 2008 i l’actualitat. La Inspecció de Treball de Barcelona, una vegada la Junta Directiva del club ha presentat els TC1 i TC2 degudament segellats i s’ha ingressat el deute, espera noves denúncies de treballadors afectats que li permeti investigar els anys 2005, 2006 i 2007.
veure notícia completa
Enviat per aigua al coll
24-2-2009

Un manifestante con una máscara de Aminatu Haidar, durante la marcha en Madrid para pedir una solución al caso de la activista. (Imagen: Susana Vera / Reuters)

Nota conjunta de la Confederación Española de Policía y el Sindicato Profesional de Policía.
Rechazan que el origen del conflicto esté en la Policía.
Acusan a Fernández de la Vega de “eludir su responsabilidad”.
La vicepresidenta dijo que “la Policía autorizó la entrada de Haidar”.
EFE. 11.12.2009 – 22.53 h
La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), califican de “hipocresía política” y “doblez” la actuación del Gobierno al imputar a la Policía “el origen del conflicto internacional generado por la entrada en España de Aminatu Haidar“.

En una nota conjunta, los dos sindicatos dicen que el Gobierno, a través de las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, “pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad”. Según los sindicatos De la Vega se ha sumado al cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega.
Señalan que la vicepresidenta “pretende confundir a la sociedad española, hurtando del debate público que fue precisamente su Gobierno el que impidió la salida de España de la activista prosaharaui el mismo día en que llegó a Lanzarote, pudiendo haberlo hecho mediante el mismo procedimiento -la expedición de un salvoconducto- que se intentó emplear hace unos días”.

Los hechos, según los sindicatos
Relatan que la llegada de Haidar a Lanzarote se produjo sobre las 12.30 h del día 14, y que el Gobierno pudo haber permitido el regreso de la activista en un vuelo que salía aquella misma tarde.
“Esta posibilidad, en cambio, fue abortada por indicación de la responsable policial de Canarias, aludiendo a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto”, agregan.
Afirman que fue el Ejecutivo quien evitó una rápida solución al caso durante las primeras horas, teniendo en cuenta que la propia Haidar estaba dispuesta a volver a Marruecos.
Indican que “la abortada salida de España de Aminatu Haidar, el pasado día 4, que requería, para su nuevo acceso a suelo español, de un salvoconducto similar al que le permitió abandonar la terminal del aeropuerto de Lanzarote unos minutos antes, supuso el inicio de toda una serie de presiones políticas sobre la Policía que han alcanzado una virulencia y temeridad difícilmente superables”.

 

El districte de Sant Martí rescindirà el contracte a dos educadors de carrer a partir de gener de 2010. La normativa estableix un educador de carrer per cada 20.000 habitants, i al Poblenou, amb prop de 70.000 habitants, només ni ha dos, molt per sota de la ràtio establerta i ara en quedarà en cap. Davant d’aquests fet, que considerem molt greu, l’AV Poblenou i Apropem-nos, reproduïm la carta que hem adreçat als responsables perquè retirin la ordre:

  “Des de fa aproximadament dos anys, al barri del Poblenou tenim dos educadors de carrer compartits amb el Clot que treballen bàsicament amb jovent amb problemàtica social i d’arrelament. La necessitat va sorgir per la conflictivitat que generaven. En tot aquest temps s’ha pogut comprovar, malgrat les dificultats, els avenços aconseguits i l’acompanyament que s’ha fet d’aquests nois i noies. Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, i també des d’Apropem-nos, sempre hem defensat la prioritat de mesures de prevenció vers els conflictes, en front de l’actuació de la policia, deixant aquesta com a últim recurs. També hem reiterat, en més d’una ocasió, la manca de recursos que per a prevenció es destinen: per tot el districte de Sant Martí hi ha quatre educadors de carrer, i precisament són els dos que es volen suprimir els que tenen l’encàrrec de fer treball comunitari. Per això la nostra sorpresa i a la vegada indignació, quan els mateixos educadors ens informen que se’ls ha comunicat la rescissió del seu contracte el proper més de desembre perquè el programa APC (“A partir del carrer”) dins el qual treballen deixarà de rebre suport econòmic per part del Districte, fet que ens ha estat confirmat per la directora de Serveis a les Persones del Districte i la directora territorial de Serveis Socials. Com a entitats, on el foment de la convivència és un eix fonamental de la nostra actuació, considerem inacceptable aquesta decisió i demanem que sigui retirada. En aquests moments aquestes dues persones estant portant a terme programes d’actuació dins d’Apropem-nos i els Serveis Socials, que de no ser-hi quedarien afectats seriosament. 

En el supòsit que hi hagi una qüestió de competències entre diferents departaments, demanem que la burocràcia no sigui obstacle per la seva continuïtat, i en qualsevol cas, la d’ells com a persones, doncs el treball fet no es pot invalidar ni començar de nou. 

Esperem recullin aquesta demanda i donin una resposta urgent”

El Poblenou