Entonces empezaron las amenazas. González tuvo que recurrir a escolta policial aunque meses después se le retiró sin explicación alguna. El partido que la había fichado la dejó sola y sin protección. Aun así, su trabajo permitió que el caso llegara al juez y que se imputara a varios cargos. Finalmente, cuando ella dimitió, se sabía soto voce que había llegado al límite de su resistencia. ¿Cómo puede ser que una persona con cargo público fuera amenazada de muerte, su equipo aterrorizado y la propia Administración no tomase cartas en el asunto? Indica hasta qué punto el Ajuntament ha perdido el control de este distrito y cuán enquistada está la corrupción.

Según nuevas informaciones sobre el sumario del caso, en el tinglado podrían estar vinculados dos altos cargos del Ajuntament. El tufo a podrido, pues, escala cada vez más alto. Lo peor es que estos cargos presumiblemente vinculados a la trama, aunque salen citados en el sumario, ni siquiera han sido imputados. Puede, incluso, que se sientan cada día a trabajar con el funcionario al que, cuando caiga la noche, amenazarán por hurgar donde no debe.

Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

   María Rosa Moliner (con su hija menor en brazos), junto a su familia, ayer, en su piso del Bon Pastor. Foto: ITALO RONDINELLA    

HELENA LÓPEZ
BARCELONA 

María Rosa Moliner tiene 26 años, tres hijos pequeños y una hipoteca que le es imposible afrontar. Hasta ahí, su historia es tristemente común en los tiempos que corren. La peculiaridad del caso es que el piso que esta joven está a punto de perder por impago es el que le compró al Patronato Municipal de la Vivienda cuando tuvo que abandonar su hogar en las Casas Baratas del Bon Pastor, en Sant Andreu, al estar afectado por la transformación urbanística del barrio.
En el momento en el que Moliner fue informada de la demolición de la casa en la que vivía desde que nació y en la que vivía su madre desde los 5 años, el ayuntamiento le ofreció dos alternativas: seguir de alquiler u optar a firmar un contrato de compraventa por debajo del precio de mercado. «En aquel momento mi hijo y mi yerno trabajaban, y pensamos que era una oportunidad de tener algo en propiedad para el día de mañana, pero al poco tiempo de instalarnos en el piso empezaron los problemas. Todos se han quedado sin trabajo y no podemos afrontar los pagos. Perdimos la casita de toda la vida y ahora perdemos el piso», explicaba ayer la madre de Moliner mientras esperaba a que llegara la policía para ejecutar la orden de de-salojo, prevista para las nueve.Finalmente, de momento no ha habido desalojo. La entidad bancaria ha dado una prórroga de un mes, algo común cuando al proceder al desahucio se encuentra resistencia vecinal, según la entidad bancaria afectada.

Según fuentes municipales, el patronato no ha actuado antes porque la familia no le expuso su problema hasta que fue demasiado tarde, una vez la caja ya se había quedado con el piso e incluso lo había subastado (se subastó en marzo después de un año de impagos).

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES / Pese a todo, fuentes del ayuntamiento aseguran que estas personas no se quedarán en la calle. «Estudiaremos el caso a fondo para ver si pueden entrar en los pisos de emergencias sociales y encontrar una solución», afirman. Según algunos vecinos que acompañaron ayer en la tensa espera a la familia Moliner, su caso no es aislado. Otros de los realojados de la primera fase de la reforma de las Casas Baratas del Bon Pastor también se han encontrado con que no podían afrontar el pago de la hipoteca. En algún caso, el patronato, que insiste en que no obligó a nadie a comprar, ha recomprado el piso a los afectados para después volvérselo a ofrecer en régimen de alquiler, solución inviable en el caso de Moliner, ya que el piso ya ha sido subastado.
«Veníamos de una casa en la que pagábamos 20 euros de alquiler y esto nos ha venido grande. No solo es la hipoteca. Es que pagamos más luz, más agua, más gas…», resume la joven. «Antes de vender los pisos el ayuntamiento tendría que haber valorado mejor si los afectados tendrían dinero para pagarlo», reflexiona Luis Nuevo, presidente de Avis del Barri, asociación de vecinos muy crítica con la reforma urbanística que experimenta el Bon Pastor.

el Periódico.com
19-11-2009

    Un aspecte de les obres de la caserna dels bombers al parc Joan Miró 

Un total de 1.800 veïns de la zona del parc Joan Miró de Barcelona han signat ja en contra de les obres que s’estan realitzant en aquest punt de l’esquerra de l’Eixample, i que consideren “il·legals”, per instal·lar una caserna de bombers.

Segons ha declarat a e-noticíes Patrícia Plaza, portaveu del moviment veïnal, les obres són “il·legals perquè el parc és zona urbana, i no es pot construir cap equipament, ni provisional ni d’emergència, sense una modificació del pla general metropolità i un pla especial”.

Ha afegit que l’Ajuntament argumenta que té signat un conveni amb l’hospital Clínic que li faculta per realitzar les obres, però que aquest conveni no pot ser utilitzat per a la finalitat que pretenen les autoritats municipals.“Han destruït el parc”, ha afirmat la portaveu, “amb una llicència d’obres majors a nom del Clínic, que és semblant al que es necessitaria per canviar la banyera d’una casa, i no per remoure 2.500 mers quadrats i fer els fonaments d’un edifici”.

El moviment veïnal ha plantejat el problema a la fiscalia de delictes urbanístics i, després de les gestions administratives realitzades, ara utilitzarà la via contenciosa. També ha demanat la suspensió executiva de les obres.

De la seva banda, la regidora de prevenció, seguretat i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, considera que la interpretació que la regidoria realitza de la normativa aplicable és “la correcta”.

En aquesta línia, Escarp ha comunicat als veïns del parc Joan Miró que, en qualsevol cas, els tribunals són els que han de decidir si aquesta interpretació és o no realment legal.

e-notícies.cat
11 / 11 / 2009

El concejal de Urbanismo de Mataró, Ramon Bassa (PSC) ha pedido esta mañana a Genís Carbó que renuncie de su cargo del Consejo Asesor Urbanístico de Mataró, según han informado fuentes municipales. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión por su implicación en el caso Pretoria, la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón. Según el auto del juez, Carbó cobró 244.011 euros del imputado Luis García Sáez Luigi tras un pelotazo urbanístico en Sant Andreu de Llavaneres.
Carbó fue el jefe de los Servicios Territoriales de la Generalitat entre los años 1998 y 2004, pero en su currículum figuran también la subdirección general de Arquitectura y Vivienda del Ejecutivo catalán y la coordinación de los planes territoriales de Cataluña y Barcelona.Además, Carbó fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Mataró entre 1995 y 1999 y presidente de la demarcación de Barcelona en la sectorial de Ordenación del Territorio de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC). Actualmente milita en este partido.

Genís Carbó es uno de los cuatro altos cargos del Gobierno de Pujol implicados en la trama, junto a Macià Alavedra, Lluís Prenafeta (ambos detenidos) y Lluís Renau. Carbó fue asesor de Urbanismo en Arenys de Mar justo en la época en la que Luigi logró un pelotazo en la localidad que también está siendo investigado por Garzón. A raíz de su implicación en la trama, además, ha tenido que renunciar a los cargos que hasta ahora ostentaba en Valls y Cardedeu.

Publicado por:
el país.com

El PSC, en cualquier caso, quiere acelerar el nombramiento de un nuevo alcalde para tratar de volver a una cierta normalidad, después de un otoño tormentoso en lo político. Con la sustitución de Muñoz (y también del concejal de Urbanismo), con el decálogo contra la corrupción y a favor de la transparencia que aprobará este martes la Generalitat y con las disculpas públicas pedidas por el president Montilla, los socialistas intentan trasladar un mensaje de que están reaccionando enérgicamente y con celeridad a la operación que puso en marcha el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Y es que, el caso Pretoria ha golpeado duramente al poder local y municipal de los socialistas, su auténtica línea de flotación en Cataluña y ha extendido la sospecha sobre una determinada forma de actuar en las alcaldías.

Así, la trama de corrupción, que tiene su epicentro en Santa Coloma de Gramanet y en el proyecto Cubics, desde donde se habrían desviado 13 millones de eueros, también ha puesto el foco en Badalona, otro de los grandes feudos socialistas del cinturón metropolitano de Barcelona y desde donde se habría orquestado un pelotazo de 14 millones, y en Sant Andreu de Llavaneras.
A un año de las elecciones autonómicas, las perspectivas electorales son más desfavorables que nunca para los socialistas, ya que, según las encuestas más recientes, si hoy se celebrasen los comicios previstos para el otoño de 2010 CiU ganaría hasta 10 escaños, en tanto que el PSC perdería 2 ó 3. Todo ello, sumado al retroceso estimado para ERC e ICV, haría imposible reeditar un nuevo tripartito (el tercero) en el gobierno de la Generalitat. Por eso, han decido pasar a la acción tomando medidas y tratando de lanzar el mensaje »de que «no todos los políticos son iguales», como acostumbra a repetir José Montilla cada vez que comparece públicamente.

 Luigi, el cerebro de la trama
Según el sumario de Garzón, el nexo de unión entre los tres supuestos pelotazos (Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneras) lo ejerció, presuntamente, el cerebro de la trama, Luis García, alias el ‘Luigi’, diputado socialista durante las tres primeras legislaturas y posteriormente expulsado del partido.

García está acusado de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y falsedad de documento oficial. Garzón se puso sobre la pista del caso Pretoria cuando investigaba los presuntos delitos fiscales del ex propietario de Burberry en España, Eugenio Mora, que era uno de los inversores en la sombra de los terrenos donde se asienta el proyecto Cubics, que a la postre ha dado origen al caso.

La Voz de Galicia.es
9-11-2009

     El president de la Generalitat, amb la seva dona, Anna Hernàndez Bonancia

Anna Hernàndez Bonancia, l’esposa del president de la Generalitat, José Montilla, no ha estat mai una dona que s’hagi conformat amb exercir el paper protocol·lari de primera dama i ha mantingut una intensa activitat política al marge del seu marit. La major part d’aquestes activitats està relacionada amb la seva pertinença al consistori de Sant Just Desvern, responsabilitat que li ha permès assumir altres càrrecs a l’administració. Els càrrecs que ocupa actualment Anna Hernàndez són els següents:

- Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

- Regidor d’urbanisme de Sant Just Desvern.

- Regidor d’habitatge de Sant Just Desvern.

- Regidor de relacions institucionals de Sant Just Desvern.

- Presidenta de l’àrea de política territorial, habitatge i medi ambient de Sant Just Desvern.

- Presidenta de Promusa.

- Presidenta de Proecsa.

- Consellera del consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat de la Diputació de Barcelona.

- Consellera de foment de Ciutat Vella de la Diputació de Barcelona.

- Delegada de l’àrea d’infraestructures, urbanisme i habitatge de la Diputació de Barcelona.

- Consellera de Túnel del Cadí, Concessionària, SA.

- Consellera de la comissió catalana de trànsit i seguretat viària.

- Consellera del barri de la Mina.

- Consellera general de La Caixa.

- Vocal de la fundació Caviga.

Realment li queda temps per asitir a totes aquestes feines, cuants  diners cobra  per tots els carrecs? si repartissin una miqueta tots aquests càrrecs… segur que s’acabava l’atur
de ben segur hi ha molta gent tant o més preparada per assumir qualsevol d’aquestes feines.

 Publicat: e-Notícies
05 / 11 / 2009