Salvo que una fortísima movilización ciudadana lo impida, el Parlamento español se dispone a aprobar el plan del Gobierno que pretende introducir un severo recorte de las pensiones. Recortes que no afectarán para nada a las pensiones de los diputados, pues hace tiempo que ellos blindaron las suyas. El hecho de haber ostentado la condición de parlamentario durante siete años garantiza el cobro de la pensión máxima: 2.497,91 euros, una paga brillante al lado de los 347,60 euros de la pensión más baja del sistema.
Como con mayor detalle expongo en ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe, el argumento utilizado por el Gobierno y los economistas que escriben a sueldo de los bancos, caso de los 100 de Fedea, es absoluta y radicalmente falso. Y con ello no he descubierto la pólvora, ya que coincido con otros autores no comprados por el sucio dinero de la delincuencia financiera.

Estos apocalípticos profetas vaticinan un severo envejecimiento de la población a medio plazo. Pero la tendencia demográfica actual no tiene necesariamente que cumplirse en 2040. Por poner un ejemplo algo macabro: si se continúan precarizando las condiciones laborales al tiempo que se deteriora la sanidad pública en beneficio de la medicina privada, la actual tendencia a la longevidad se invertirá. Pues grandes capas empobrecidas de la población no recibirán cuidados médicos en caso de enfermedad. La medicina privada no es apta para todos los públicos.
La que sí tiene la pólvora mojada es esa bomba de relojería demográfica de la que hablan los apocalípticos. Pues mientras la población joven que hay aquí y ahora continúe sumida en la precariedad laboral no cotizará a la Seguridad Social y, por tanto, no habrá generado derecho a pensión cuando alcancen la edad de jubilación. De manera que se verán obligados a seguir trabajando, si es que alguien los emplea, hasta que venga a buscarles la muerte. A esto hay que añadir el creciente grupo de trabajadores condenado al desempleo a partir de los cincuenta años, cuya pensión sufrirá aquí y ahora, sin necesidad de reformas, un severo recorte en su cuantía. En definitiva, aun cuando se mantuviera la tendencia al envejecimiento, las políticas actuales dejarán a muchos viejos sin derecho a pensión en 2040.

Abusando del cuento demográfico, el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, —del que ya no sabemos si es o no es socialista, pero que, ateniéndonos al hecho formal, obtuvo el mandato bajo las siglas del PSOE, un partido que oficialmente enarbola la bandera socialdemócrata—, se dispone a introducir severos recortes en el sistema público de pensiones.

Recortes que se harán con la indiscutible ayuda del Partido Popular que, pese a su habitual despliegue de filibusterismo parlamentario, le va a prestar todo su apoyo encubierto por evidentes razones. La primera, porque la destrucción del Estado del Bienestar forma parte de su agenda oculta y su ideario político. La segunda, porque electoralmente le viene de perlas que el PSOE le deje hecho este trabajo sucio. ¿Por qué los militantes de este partido no lo impiden?

Spain is different: ofreciendo un detestable ejemplo de sinvergonzonería política, los diputados que se disponen a recortar nuestras pensiones no han tenido el menor sonrojo a la hora de barrer para sí mismos y blindar las suyas. Para sus excelsas señorías pensión digna sí es posible.

A lo largo de las dos ultimas legislaturas de continua gresca parlamentaria, los grupos mayoritarios del PP y PSOE sólo han alcanzado un acuerdo, aprobado por unanimidad en las mesas del Congreso y el Senado: la creación de un fondo que permitirá a los parlamentarios obtener la pensión máxima del sistema de Seguridad Social cuando dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras durante al menos siete años (es decir, la duración habitual de dos legislaturas). De esta forma se consigue que las Cortes garanticen que todos los diputados y senadores con siete años de mandato puedan cobrar la pensión máxima: 2.497,91 euros mensuales en 2011. Esta pensión, que los ciudadanos comunes sólo obtienen cotizando 35 años y siempre que los últimos 15 lo hayan hecho por la base máxima, la obtendrán los parlamentarios que no hayan cumplido con este requisito, pues recibirán de las Cortes un suplemento extra que iguale su pensión a la máxima del sistema de la Seguridad Social.

El argumento para conceder este complemento es que debe asegurarse la dignidad de los cargos parlamentarios. Pero esta dignidad no fue sometida a debate abierto en el hemiciclo, con luz y taquígrafos. Estas canonjías se aprobaron de manera vergonzante utilizando un órgano de carácter administrativo (las mesas conjuntas de ambas Cámaras). Y además con sordina, en pleno mes de julio de 2006, cuando la atención informativa decae a causa de la canícula veraniega. O sea, que los mismos parlamentarios que aprueban leyes de pensiones mínimas, paupérrimas, para millones de jubilados, se suben las pensiones para sí mismos sin someterlas a ley.

Más ventajas. Si el diputado o diputada ha cumplido 55 años en el momento del cese, no tiene oficio ni beneficio y se queda en paro, las Cortes corren con su cotización a la Seguridad Social hasta completar el periodo necesario para tener derecho a la pensión de jubilación más elevada. Si no dispone de ingresos o patrimonio suficiente tiene además derecho a una ayuda económica hasta que se jubile equivalente al 60% de la asignación constitucional (3.126,52 euros mensuales) las Cortes les costean también un plan privado de pensiones mientras mantengan su escaño, en el que ingresan mensualmente el 10% de sus emolumentos. El objetivo, dice el reglamento, “es situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países en nuestro entorno”.

A sus señorías no parece preocuparles que las pensiones que perciben la mayoría de los jubilados estén muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Tal y como han organizado su retiro dorado, con periodos de cotización mínimos, se puede calificar su pensión dentro de la categoría de no contributiva. Y no es moralmente admisible que se autoadjudiquen una cuantía tan elevada mientras votan decretos que fijan en 347,60 euros la pensión más baja del sistema, denominada precisamente no contributiva. Porque esta es

Fernando Medina Alcantara

Esta persona me confesó que está un poco quemada con el tema porque hay muchísimo fraude y muchísima picaresca por parte de muchos inmigrantes a la hora de abusar y saquear los servicios sociales públicos y, sobre todo, muchísima irresponsabilidad por parte de los responsables de esos servicios sociales públicos a la hora de controlar la entrega de subsidios y pagos.

 Me lo explicó con un ejemplo reciente de un caso que ella lleva personalmente: “Mi ONG se dedica a formar laboralmente a mujeres inmigrantes, a asesorar, acompañar a los inmigrantes a los servicios sociales públicos para recabar recursos y subsidios. Llevo el caso de una familia marroquí, un matrimonio con tres niños de 6, 7 y 8 años.

El hombre lleva 3 años sin trabajar. Ella no trabaja, salvo esporádicas y “negros” trabajos domiciliarios. Todo lo que vas a oír, está comprobado personalmente por mí.

 Hace unos días le ofrecemos a ella un trabajo legal, asegurada en la Seguridad Social, 1000 euros limpios al mes por cinco horas por las tardes para acompañar a una mujer anciana y sola adinerada. El trabajo sólo consiste en hacerle compañía y acompañarla a pasear. La respuesta de la morita fue ésta: “no”, no lo quiero, porque ya tengo la seguridad social y los medicamentos gratis, y porque perderíamos ayudas y subsidios de la Generalidad de Cataluña y del ayuntamiento; si es en “negro”, sí que lo quiero, pero en “blanco”, no.

 Mi indignación subió a límites desconocidos porque, primero, ¿cómo es posible que cinco personas sin trabajo y sin cotizar tengan los medicamentos gratis si eso sólo lo tienen los jubilados españoles? Además, te voy a relatar qué es lo que recibe esta familia:

 -Cobra él 500 euros de la Generalidad de paga “social” mensual desde hace año y medio (cuando dejó de cobrar el paro y el subsidio de los 420 euros del INEM)

 -Cobran 750 euros mensuales a cambio de escolarizar a los niños, los niños tienen la plaza escolar gratis (lógico, pues es un colegio público, pero no hay que olvidar que eso cuesta una pasta a la Administración) y ¡comen los tres niños en el colegio! pudiendo ir a comer a casa porque sus papás no trabajan y porque el colegio está a 100 metros de su hogar; el coste mensual para la Generalidad de las tres plazas de comedor son 900 euros mensuales, 300 euros por niño.

- El ayuntamiento les paga 450 euros mensuales para el alquiler del piso. Por cierto, el matrimonio tiene coche propio y ordenador e internet en casa (el ayuntamiento paga mensualmente la factura de internet de esa familia).

- El ayuntamiento les da 400 euros mensuales para ser canjeados por comida en los supermercados Plus.

 - El ayuntamiento les paga las facturas mensuales de calefacción (gas, 150 euros mensuales de media), luz y agua.

 - Los niños han gozado de gratuidad total en plaza y comedor en los parvularios municipales mientras eran infantes.

 - Los niños han tenido gratis todos los enseres y alimentos infantiles hasta los 3 años (papillas, pañales, carrito-bebé…).

 - Además, esta familia acude con regularidad a entrega de alimentos (banco de alimentos) del ayuntamiento y diversas parroquias, además de las entregas de nuestra propia ONG. Y, por cierto, uno de los niños se ha lesionado hoscamente en el colegio, pues en vez de llevar al niño cada día al servicio público de rehabilitación -como hacemos todos-, pues los padres están sin trabajo y, lógicamente, tendrían tiempo (y

coche) para ello, pues no, la Generalidad les manda cada día a casa un rehabilitador (una empresa subcontratada, que le debe costar una pasta a la Generalidad).

 -Esos niños van a un cursillo extraescolar de fútbol por las tardes que se lo paga, también, la Generalidad, 350 euros mensuales por los 3 niños. Esa actividad extraescolar la pagan de su bolsillo la mayoría de padres (”indígenas”) del colegio citado.

 - El padre de esa familia se lesionó cuando trabajaba en la construcción (¡lleva 3 años en paro!) y se le prescribió una faja lumbar ortopédica a medida, su coste: 450 euros. La Seguridad Social paga 350 euros de esa faja a todo españolito, pero el resto lo tiene que poner el enfermo. Pues el morito se fue al ayuntamiento y consiguió los 100 euros restantes para ser pagados en la ortopedia.

Le acompañé yo, como intermediaria.

 Amiga, saca la calculadora y suma lo que reciben estas gentes en dinero, en especie y lo que cuestan cada mes en gasto público. La ruina.

 Todo lo que te he narrado lo sé a ciencia cierta porque yo llevo, en parte, la atención a esta familia (y a muchas otras, demasiadas).

 Sólo te digo una cosa, para acabar: esto tiene que reventar, esto es insostenible. Entiendo perfectamente que la Generalidad y el ayuntamiento estén en la bancarrota, aunque nos lo ocultan.

 ¿Te has enterado que han cerrados UVIs en el Hospital Arnau y han cerrado plantas de hospitalización como la de Nefrología porque no hay dinero?”

Con esta frase acabó la conversación que tuve ayer con una conocida:

“Esto tiene que reventar por algún lado”.

Enviado por un Vecino
17-Noviembre 2010

Entonces empezaron las amenazas. González tuvo que recurrir a escolta policial aunque meses después se le retiró sin explicación alguna. El partido que la había fichado la dejó sola y sin protección. Aun así, su trabajo permitió que el caso llegara al juez y que se imputara a varios cargos. Finalmente, cuando ella dimitió, se sabía soto voce que había llegado al límite de su resistencia. ¿Cómo puede ser que una persona con cargo público fuera amenazada de muerte, su equipo aterrorizado y la propia Administración no tomase cartas en el asunto? Indica hasta qué punto el Ajuntament ha perdido el control de este distrito y cuán enquistada está la corrupción.

Según nuevas informaciones sobre el sumario del caso, en el tinglado podrían estar vinculados dos altos cargos del Ajuntament. El tufo a podrido, pues, escala cada vez más alto. Lo peor es que estos cargos presumiblemente vinculados a la trama, aunque salen citados en el sumario, ni siquiera han sido imputados. Puede, incluso, que se sientan cada día a trabajar con el funcionario al que, cuando caiga la noche, amenazarán por hurgar donde no debe.

Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

Pues bien nos confiamos a ellos y que tenemos a cambio, la manipulación y la falta de transparencia informativa.

Sra, Regidora y  Sr. Conseller, reitero lo que se les dijo en el pasado “Consell Veinal”, no era el lugar ni el momento de hablar de la Diagonal, evidentemente es un tema que afecta a la ciudadanía, la cual esta llamada a votar “SI QUIERE”, afortunadamente los vecinos y vecinas del Barrio del Congres-Indians tienen muy claro lo que han de hacer y cuando lo hagan bien seguro expresaran su voluntad sin que nadie les diga como hacerlo y a que opción decantarse.

Una cosa es informar y otra diferente taladrar hasta la saciedad sobre aquello que os interesa a los políticos.

A los vecinos y vecinas les interesa su barrio y todas aquellas cosas de proximidad que pese a los muchos “Consells de Barri” celebrados, continúan sin soluciones y que la mayoría de las veces son muy simples solo hace falta tener voluntad  y ponerse a trabajar de puertas a dentro y no de cara a la galería.

Ahora se acuerdan de que la ciudad existe y que los ciudadanos han de participar, en otros distritos y en otros barrios.

Pues bien:
         ¿Por qué no explican que pasa en el barrio de la Barceloneta, Ciutat Vella

         ¿Qué hay de Pueblo Nuevo.

         ¿ Que va pasa em l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat (Consells de barri)

         ¿Qué ocurre en el barrio de Navas, en el de la Sagrera, Nou Barris, Trinitat, etc.

         ¿Qué soluciones tienen en Sant Andreu para la falta de las plazas escolares

         ¿Qué les parecería que todos los vecinos y vecinas supiéramos que pasa en

           otros barrios y distritos  de Barcelona y les pidiéramos cuentas.

Esta claro que esto no les interesa pero “LA DIAGONAL SI”, sean honestos y no dividan mas a los vecinos y vecinas de los barrios, dejen que participen  libremente

 Cuando en los Barrios de Barcelona se crean Plataformas no es por capricho es porque el Ayuntamiento y las AA.VV. no esta haciendo bien su trabajo y es la única forma de decirles ¡BASTA!

 Las Veïnes i Veïns de Congrés-Indians volem que se senti a l’Ajuntament la veu del veïnat, la de la gent que, a peu de carrer, coneix de prop els problemes i necessitats del lloc en el qual viu.Los vecinos que el otro día abandonaron la sala, junto con los miembros de las Plataformas de Can Ros Verd y Veïns Afectats Pistes Velia, lo hicieron para manifestar su desacuerdo con estas practicas de engaño y manipulación, no existía orden del día y los allí presentes estaban para hablar de “SU BARRIO Y EXPONER SUS PROBLEMAS”

Cuando terminó la representación de La Diagonal, los vecinos volvieron a entrar para hablar de “SU BARRIO”, y aprovechar el poco tiempo disponible (1 hora), se procedió sin mas a tandas de preguntas rápidas y respuestas mas rápidas e imprecisas.

 Una cosa és l’autogestió veïnal i una altra de ben diferent la “participació“, com podem comprovar amb un altre invent de l’Ajuntament de Barcelona, els anomenats “consells de barri“, una experiència que es va estenent per diversos barris de Barcelona, i sobre els quals es pot llegir aquesta crítica realitzada per l’urbanista Jordi Borja a la revista Carrer nº 103.

 Des de diverses entitats veïnals, com la mateixa Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat s’estan formulant dures crítiques contra aquests consells, tal i com ens diu en el comunicat que us reproduïm: “considerem aquest Consell un nou organisme on la informació funciona unilateralment i on hi ha poques possibilitats de generar participació real. Un exemple és la seva estructura, on només estan definits els càrrecs imposats per la pròpia Administració. (…) Tampoc no s’inclou cap mesura que permeti l’elecció per part del barri de, per exemple, el regidor/a de barri. (…) No es contempla cap mesura que promogui la participació des de baix, com pot ésser la possibilitat de convocar reunions, de tractar temes, de modular el funcionament atenent a demandes del propi barri.“

El paquet “consell de barri” inclou uns tècnics de barri municipals, càrrecs que haurien de ser tècnics i per tant neutres. Però no sembla que sigui aquest el cas,

 El conseller opina  que:
!!Per albarri és especialment interessant que el casal de Congrés-Indians ha estat escollit per fer una prova pilot de les votacions. Tindrem un punt de votació els dies 20 i 21 d’abril, la propera setmana, i se’ns farà una pregunta sense transcendència!!

 ¿Este tema es realmente interesante para el barrio o solo para alguien del barrio?, esto no es informar esto es hacer política, primero nos anuncian el proyecto de la Diagonal y después un simulacro de votación.

“SEAMOS SERIOS Y NO JUGUEMOS CON LA CIUDADANIA”

Jordi Flores
President Plataforma Veïns Conges

En concret, l’any 2008 els agents de la Guàrdia Urbana van fer 492.506 hores extres.
El prop de mig miler d’hores extres fetes fa dos anys es va traduir en una despesa addicional de 8 milions d’euros. La xifra va davallar lleugerament l’any passat, quan els agents del cos policial municipal van fer 475.296 hores extres

i van situar el cost addicional que ha d’assumir el consistori en 7,8 milions d’euros. El portaveu de Convergència i Unió a la comissió de seguretat, Joaquim Forn, va recordar que el seu grup municipal cada any pregunta pel nombre d’hores extres que fa la Guàrdia Urbana i «cada any constaten l’elevat nombre d’hores extraordinàries fetes pels agents». Segons els càlculs de Forn, les hores extres fetes al llarg de l’any suposen que la plantilla de la Guàrdia Urbana realitza «unes 1.320 hores extres al dia». Pel portaveu de CiU, el fet que els agents facin tantes hores extres «evidencia que falten efectius» al cos policial.

La recent difusió del patrimoni dels membres del Govern espanyol va ser reflectida per la majoria dels mitjans de comunicació. Ara, el Congrés ha fet públiques per primera vegada les activitats privades dels diputats a la pàgina web de la cambra.Tanmateix, no podria passar el mateix amb els alts càrrecs del Govern de Catalunya ni amb els diputats del Parlament, perquè en ambdós casos, les seves declaracions d’ingressos i patrimoni no són públiques, encara que sí ho és la declaració d’activitats, però aquesta no figura a la web de la cambra catalana. Un portaveu del Parlament de Catalunya ha manifestat a e-notícies que “les declaracions d’activitats sí que són públiques, encara que no estan a la web de la cambra. És a dir, que qualsevol ciutadà pot demanar aquestes declaracions i se li proporcionen. La diferència amb el Congrés dels Diputats és que el Parlament no les té a la web, encara que estem treballant per tenir-les en el futur”.

L’article 12 del reglament del Parlament regula aquesta qüestió, i especifica que els diputats han de presentar “una declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen i dels càrrecs públics que ocupen”, i “una declaració de béns que ha de detallar el patrimoni del declarant”. S’indica que “la informació relativa a les activitats i els càrrecs és de caràcter públic”.

Així mateix, “els diputats han de presentar, abans del 30 de juliol de cada any una còpia de la declaració de l’impost sobre la renda i el patrimoni presentada a l’administració tributària del mateix exercici, o la certificació de no haver-ho fet en el cas que no estiguin obligats a presentar-la”.

Els alts càrrecs de la Generalitat tenen una regulació molt semblant, que estableix la llei 13 / 2005 de 27 de desembre. Han de declarar “les activitats professionals, mercantils o industrials”, i realitzar una “declaració patrimonial i d’interessos “amb” tots els béns, els drets i les obligacions”, a més de lliurar còpia de la declaració de renda i de patrimoni a Hisenda.

Com en el cas dels diputats, té caràcter públic la declaració d’activitats, i és reservada la declaració de béns patrimonials i d’interessos.

 e-notícies. cat

L’Ajuntament de Barcelona va pagar l’any 2008 un  total de 7.000 euros pel lloguer de vehicles per transportar des de l’aeroport a la ciutat a participants en unes jornades de la fundació Cidob, que presideix l’ex dirigent del PSC, Narcís Serra.

La dada figura en un comunicat de CiU sobre la reunió d’aquest dimecres de la comissió municipal de presidència, territori i funció pública, en la qual l’equip de govern ha donat explicacions sobre els estudis, informes i treballs tècnics encarregats per l’Ajuntament durant el 2008 .

En aquesta partida, el consistori de Jordi Hereu, segons CiU, ha gastat 13,1 milions d’euros, i només estan justificats 11,4 milions. En qualsevol cas, la federació nacionalista afirma que els procediments per l’encàrrec i realització d’aquests informes “estan farcits d’irregularitats”. CiU afirma que “es produeixen encàrrecs que semblen amagar sous encoberts, ja que els treballs a realitzar són mensuals, sempre els mateixos, o es fracciona un mateix informe en tres encàrrecs diferents, amb imports no superiors als 18.000 euros, per evitar haver de sotmetre la seva adjudicació a concurs d’ofertes i poder concedir directament”.

El grup municipal del PP ha reclamat, de la seva banda, l’elaboració d’una auditoria dels informes encarregats pel consistori des de l’any 2007 fins l’actualitat, aprovada en la comissió de presidència del mes d’octubre, com ha fet el Departament d’Economia amb els informes de la Generalitat.

En aquest sentit, el regidor Popular Xavier Mulleras ha denunciat que “segons les despeses liquidades en el pressupost de l’any 2008 es comptabilitzen 13.344.640 euros per l’elaboració d’aquests informes, estudis i treballs tècnics. Pel que fa als contractes de 2008, el 99% es van adjudicar a dit, mitjançant procediment menor o negociat. Aquest 99% dels contractes suposa el 80% de l’import adjudicat”, ha afegit.

e-noticies.cat