Esta persona me confesó que está un poco quemada con el tema porque hay muchísimo fraude y muchísima picaresca por parte de muchos inmigrantes a la hora de abusar y saquear los servicios sociales públicos y, sobre todo, muchísima irresponsabilidad por parte de los responsables de esos servicios sociales públicos a la hora de controlar la entrega de subsidios y pagos.

 Me lo explicó con un ejemplo reciente de un caso que ella lleva personalmente: “Mi ONG se dedica a formar laboralmente a mujeres inmigrantes, a asesorar, acompañar a los inmigrantes a los servicios sociales públicos para recabar recursos y subsidios. Llevo el caso de una familia marroquí, un matrimonio con tres niños de 6, 7 y 8 años.

El hombre lleva 3 años sin trabajar. Ella no trabaja, salvo esporádicas y “negros” trabajos domiciliarios. Todo lo que vas a oír, está comprobado personalmente por mí.

 Hace unos días le ofrecemos a ella un trabajo legal, asegurada en la Seguridad Social, 1000 euros limpios al mes por cinco horas por las tardes para acompañar a una mujer anciana y sola adinerada. El trabajo sólo consiste en hacerle compañía y acompañarla a pasear. La respuesta de la morita fue ésta: “no”, no lo quiero, porque ya tengo la seguridad social y los medicamentos gratis, y porque perderíamos ayudas y subsidios de la Generalidad de Cataluña y del ayuntamiento; si es en “negro”, sí que lo quiero, pero en “blanco”, no.

 Mi indignación subió a límites desconocidos porque, primero, ¿cómo es posible que cinco personas sin trabajo y sin cotizar tengan los medicamentos gratis si eso sólo lo tienen los jubilados españoles? Además, te voy a relatar qué es lo que recibe esta familia:

 -Cobra él 500 euros de la Generalidad de paga “social” mensual desde hace año y medio (cuando dejó de cobrar el paro y el subsidio de los 420 euros del INEM)

 -Cobran 750 euros mensuales a cambio de escolarizar a los niños, los niños tienen la plaza escolar gratis (lógico, pues es un colegio público, pero no hay que olvidar que eso cuesta una pasta a la Administración) y ¡comen los tres niños en el colegio! pudiendo ir a comer a casa porque sus papás no trabajan y porque el colegio está a 100 metros de su hogar; el coste mensual para la Generalidad de las tres plazas de comedor son 900 euros mensuales, 300 euros por niño.

- El ayuntamiento les paga 450 euros mensuales para el alquiler del piso. Por cierto, el matrimonio tiene coche propio y ordenador e internet en casa (el ayuntamiento paga mensualmente la factura de internet de esa familia).

- El ayuntamiento les da 400 euros mensuales para ser canjeados por comida en los supermercados Plus.

 - El ayuntamiento les paga las facturas mensuales de calefacción (gas, 150 euros mensuales de media), luz y agua.

 - Los niños han gozado de gratuidad total en plaza y comedor en los parvularios municipales mientras eran infantes.

 - Los niños han tenido gratis todos los enseres y alimentos infantiles hasta los 3 años (papillas, pañales, carrito-bebé…).

 - Además, esta familia acude con regularidad a entrega de alimentos (banco de alimentos) del ayuntamiento y diversas parroquias, además de las entregas de nuestra propia ONG. Y, por cierto, uno de los niños se ha lesionado hoscamente en el colegio, pues en vez de llevar al niño cada día al servicio público de rehabilitación -como hacemos todos-, pues los padres están sin trabajo y, lógicamente, tendrían tiempo (y

coche) para ello, pues no, la Generalidad les manda cada día a casa un rehabilitador (una empresa subcontratada, que le debe costar una pasta a la Generalidad).

 -Esos niños van a un cursillo extraescolar de fútbol por las tardes que se lo paga, también, la Generalidad, 350 euros mensuales por los 3 niños. Esa actividad extraescolar la pagan de su bolsillo la mayoría de padres (”indígenas”) del colegio citado.

 - El padre de esa familia se lesionó cuando trabajaba en la construcción (¡lleva 3 años en paro!) y se le prescribió una faja lumbar ortopédica a medida, su coste: 450 euros. La Seguridad Social paga 350 euros de esa faja a todo españolito, pero el resto lo tiene que poner el enfermo. Pues el morito se fue al ayuntamiento y consiguió los 100 euros restantes para ser pagados en la ortopedia.

Le acompañé yo, como intermediaria.

 Amiga, saca la calculadora y suma lo que reciben estas gentes en dinero, en especie y lo que cuestan cada mes en gasto público. La ruina.

 Todo lo que te he narrado lo sé a ciencia cierta porque yo llevo, en parte, la atención a esta familia (y a muchas otras, demasiadas).

 Sólo te digo una cosa, para acabar: esto tiene que reventar, esto es insostenible. Entiendo perfectamente que la Generalidad y el ayuntamiento estén en la bancarrota, aunque nos lo ocultan.

 ¿Te has enterado que han cerrados UVIs en el Hospital Arnau y han cerrado plantas de hospitalización como la de Nefrología porque no hay dinero?”

Con esta frase acabó la conversación que tuve ayer con una conocida:

“Esto tiene que reventar por algún lado”.

Enviado por un Vecino
17-Noviembre 2010

Un manifestante con una máscara de Aminatu Haidar, durante la marcha en Madrid para pedir una solución al caso de la activista. (Imagen: Susana Vera / Reuters)

Nota conjunta de la Confederación Española de Policía y el Sindicato Profesional de Policía.
Rechazan que el origen del conflicto esté en la Policía.
Acusan a Fernández de la Vega de “eludir su responsabilidad”.
La vicepresidenta dijo que “la Policía autorizó la entrada de Haidar”.
EFE. 11.12.2009 – 22.53 h
La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), califican de “hipocresía política” y “doblez” la actuación del Gobierno al imputar a la Policía “el origen del conflicto internacional generado por la entrada en España de Aminatu Haidar“.

En una nota conjunta, los dos sindicatos dicen que el Gobierno, a través de las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, “pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad”. Según los sindicatos De la Vega se ha sumado al cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega.
Señalan que la vicepresidenta “pretende confundir a la sociedad española, hurtando del debate público que fue precisamente su Gobierno el que impidió la salida de España de la activista prosaharaui el mismo día en que llegó a Lanzarote, pudiendo haberlo hecho mediante el mismo procedimiento -la expedición de un salvoconducto- que se intentó emplear hace unos días”.

Los hechos, según los sindicatos
Relatan que la llegada de Haidar a Lanzarote se produjo sobre las 12.30 h del día 14, y que el Gobierno pudo haber permitido el regreso de la activista en un vuelo que salía aquella misma tarde.
“Esta posibilidad, en cambio, fue abortada por indicación de la responsable policial de Canarias, aludiendo a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto”, agregan.
Afirman que fue el Ejecutivo quien evitó una rápida solución al caso durante las primeras horas, teniendo en cuenta que la propia Haidar estaba dispuesta a volver a Marruecos.
Indican que “la abortada salida de España de Aminatu Haidar, el pasado día 4, que requería, para su nuevo acceso a suelo español, de un salvoconducto similar al que le permitió abandonar la terminal del aeropuerto de Lanzarote unos minutos antes, supuso el inicio de toda una serie de presiones políticas sobre la Policía que han alcanzado una virulencia y temeridad difícilmente superables”.