Salvo que una fortísima movilización ciudadana lo impida, el Parlamento español se dispone a aprobar el plan del Gobierno que pretende introducir un severo recorte de las pensiones. Recortes que no afectarán para nada a las pensiones de los diputados, pues hace tiempo que ellos blindaron las suyas. El hecho de haber ostentado la condición de parlamentario durante siete años garantiza el cobro de la pensión máxima: 2.497,91 euros, una paga brillante al lado de los 347,60 euros de la pensión más baja del sistema.
Como con mayor detalle expongo en ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe, el argumento utilizado por el Gobierno y los economistas que escriben a sueldo de los bancos, caso de los 100 de Fedea, es absoluta y radicalmente falso. Y con ello no he descubierto la pólvora, ya que coincido con otros autores no comprados por el sucio dinero de la delincuencia financiera.

Estos apocalípticos profetas vaticinan un severo envejecimiento de la población a medio plazo. Pero la tendencia demográfica actual no tiene necesariamente que cumplirse en 2040. Por poner un ejemplo algo macabro: si se continúan precarizando las condiciones laborales al tiempo que se deteriora la sanidad pública en beneficio de la medicina privada, la actual tendencia a la longevidad se invertirá. Pues grandes capas empobrecidas de la población no recibirán cuidados médicos en caso de enfermedad. La medicina privada no es apta para todos los públicos.
La que sí tiene la pólvora mojada es esa bomba de relojería demográfica de la que hablan los apocalípticos. Pues mientras la población joven que hay aquí y ahora continúe sumida en la precariedad laboral no cotizará a la Seguridad Social y, por tanto, no habrá generado derecho a pensión cuando alcancen la edad de jubilación. De manera que se verán obligados a seguir trabajando, si es que alguien los emplea, hasta que venga a buscarles la muerte. A esto hay que añadir el creciente grupo de trabajadores condenado al desempleo a partir de los cincuenta años, cuya pensión sufrirá aquí y ahora, sin necesidad de reformas, un severo recorte en su cuantía. En definitiva, aun cuando se mantuviera la tendencia al envejecimiento, las políticas actuales dejarán a muchos viejos sin derecho a pensión en 2040.

Abusando del cuento demográfico, el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, —del que ya no sabemos si es o no es socialista, pero que, ateniéndonos al hecho formal, obtuvo el mandato bajo las siglas del PSOE, un partido que oficialmente enarbola la bandera socialdemócrata—, se dispone a introducir severos recortes en el sistema público de pensiones.

Recortes que se harán con la indiscutible ayuda del Partido Popular que, pese a su habitual despliegue de filibusterismo parlamentario, le va a prestar todo su apoyo encubierto por evidentes razones. La primera, porque la destrucción del Estado del Bienestar forma parte de su agenda oculta y su ideario político. La segunda, porque electoralmente le viene de perlas que el PSOE le deje hecho este trabajo sucio. ¿Por qué los militantes de este partido no lo impiden?

Spain is different: ofreciendo un detestable ejemplo de sinvergonzonería política, los diputados que se disponen a recortar nuestras pensiones no han tenido el menor sonrojo a la hora de barrer para sí mismos y blindar las suyas. Para sus excelsas señorías pensión digna sí es posible.

A lo largo de las dos ultimas legislaturas de continua gresca parlamentaria, los grupos mayoritarios del PP y PSOE sólo han alcanzado un acuerdo, aprobado por unanimidad en las mesas del Congreso y el Senado: la creación de un fondo que permitirá a los parlamentarios obtener la pensión máxima del sistema de Seguridad Social cuando dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras durante al menos siete años (es decir, la duración habitual de dos legislaturas). De esta forma se consigue que las Cortes garanticen que todos los diputados y senadores con siete años de mandato puedan cobrar la pensión máxima: 2.497,91 euros mensuales en 2011. Esta pensión, que los ciudadanos comunes sólo obtienen cotizando 35 años y siempre que los últimos 15 lo hayan hecho por la base máxima, la obtendrán los parlamentarios que no hayan cumplido con este requisito, pues recibirán de las Cortes un suplemento extra que iguale su pensión a la máxima del sistema de la Seguridad Social.

El argumento para conceder este complemento es que debe asegurarse la dignidad de los cargos parlamentarios. Pero esta dignidad no fue sometida a debate abierto en el hemiciclo, con luz y taquígrafos. Estas canonjías se aprobaron de manera vergonzante utilizando un órgano de carácter administrativo (las mesas conjuntas de ambas Cámaras). Y además con sordina, en pleno mes de julio de 2006, cuando la atención informativa decae a causa de la canícula veraniega. O sea, que los mismos parlamentarios que aprueban leyes de pensiones mínimas, paupérrimas, para millones de jubilados, se suben las pensiones para sí mismos sin someterlas a ley.

Más ventajas. Si el diputado o diputada ha cumplido 55 años en el momento del cese, no tiene oficio ni beneficio y se queda en paro, las Cortes corren con su cotización a la Seguridad Social hasta completar el periodo necesario para tener derecho a la pensión de jubilación más elevada. Si no dispone de ingresos o patrimonio suficiente tiene además derecho a una ayuda económica hasta que se jubile equivalente al 60% de la asignación constitucional (3.126,52 euros mensuales) las Cortes les costean también un plan privado de pensiones mientras mantengan su escaño, en el que ingresan mensualmente el 10% de sus emolumentos. El objetivo, dice el reglamento, “es situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países en nuestro entorno”.

A sus señorías no parece preocuparles que las pensiones que perciben la mayoría de los jubilados estén muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Tal y como han organizado su retiro dorado, con periodos de cotización mínimos, se puede calificar su pensión dentro de la categoría de no contributiva. Y no es moralmente admisible que se autoadjudiquen una cuantía tan elevada mientras votan decretos que fijan en 347,60 euros la pensión más baja del sistema, denominada precisamente no contributiva. Porque esta es

Fernando Medina Alcantara

Esta persona me confesó que está un poco quemada con el tema porque hay muchísimo fraude y muchísima picaresca por parte de muchos inmigrantes a la hora de abusar y saquear los servicios sociales públicos y, sobre todo, muchísima irresponsabilidad por parte de los responsables de esos servicios sociales públicos a la hora de controlar la entrega de subsidios y pagos.

 Me lo explicó con un ejemplo reciente de un caso que ella lleva personalmente: “Mi ONG se dedica a formar laboralmente a mujeres inmigrantes, a asesorar, acompañar a los inmigrantes a los servicios sociales públicos para recabar recursos y subsidios. Llevo el caso de una familia marroquí, un matrimonio con tres niños de 6, 7 y 8 años.

El hombre lleva 3 años sin trabajar. Ella no trabaja, salvo esporádicas y “negros” trabajos domiciliarios. Todo lo que vas a oír, está comprobado personalmente por mí.

 Hace unos días le ofrecemos a ella un trabajo legal, asegurada en la Seguridad Social, 1000 euros limpios al mes por cinco horas por las tardes para acompañar a una mujer anciana y sola adinerada. El trabajo sólo consiste en hacerle compañía y acompañarla a pasear. La respuesta de la morita fue ésta: “no”, no lo quiero, porque ya tengo la seguridad social y los medicamentos gratis, y porque perderíamos ayudas y subsidios de la Generalidad de Cataluña y del ayuntamiento; si es en “negro”, sí que lo quiero, pero en “blanco”, no.

 Mi indignación subió a límites desconocidos porque, primero, ¿cómo es posible que cinco personas sin trabajo y sin cotizar tengan los medicamentos gratis si eso sólo lo tienen los jubilados españoles? Además, te voy a relatar qué es lo que recibe esta familia:

 -Cobra él 500 euros de la Generalidad de paga “social” mensual desde hace año y medio (cuando dejó de cobrar el paro y el subsidio de los 420 euros del INEM)

 -Cobran 750 euros mensuales a cambio de escolarizar a los niños, los niños tienen la plaza escolar gratis (lógico, pues es un colegio público, pero no hay que olvidar que eso cuesta una pasta a la Administración) y ¡comen los tres niños en el colegio! pudiendo ir a comer a casa porque sus papás no trabajan y porque el colegio está a 100 metros de su hogar; el coste mensual para la Generalidad de las tres plazas de comedor son 900 euros mensuales, 300 euros por niño.

- El ayuntamiento les paga 450 euros mensuales para el alquiler del piso. Por cierto, el matrimonio tiene coche propio y ordenador e internet en casa (el ayuntamiento paga mensualmente la factura de internet de esa familia).

- El ayuntamiento les da 400 euros mensuales para ser canjeados por comida en los supermercados Plus.

 - El ayuntamiento les paga las facturas mensuales de calefacción (gas, 150 euros mensuales de media), luz y agua.

 - Los niños han gozado de gratuidad total en plaza y comedor en los parvularios municipales mientras eran infantes.

 - Los niños han tenido gratis todos los enseres y alimentos infantiles hasta los 3 años (papillas, pañales, carrito-bebé…).

 - Además, esta familia acude con regularidad a entrega de alimentos (banco de alimentos) del ayuntamiento y diversas parroquias, además de las entregas de nuestra propia ONG. Y, por cierto, uno de los niños se ha lesionado hoscamente en el colegio, pues en vez de llevar al niño cada día al servicio público de rehabilitación -como hacemos todos-, pues los padres están sin trabajo y, lógicamente, tendrían tiempo (y

coche) para ello, pues no, la Generalidad les manda cada día a casa un rehabilitador (una empresa subcontratada, que le debe costar una pasta a la Generalidad).

 -Esos niños van a un cursillo extraescolar de fútbol por las tardes que se lo paga, también, la Generalidad, 350 euros mensuales por los 3 niños. Esa actividad extraescolar la pagan de su bolsillo la mayoría de padres (”indígenas”) del colegio citado.

 - El padre de esa familia se lesionó cuando trabajaba en la construcción (¡lleva 3 años en paro!) y se le prescribió una faja lumbar ortopédica a medida, su coste: 450 euros. La Seguridad Social paga 350 euros de esa faja a todo españolito, pero el resto lo tiene que poner el enfermo. Pues el morito se fue al ayuntamiento y consiguió los 100 euros restantes para ser pagados en la ortopedia.

Le acompañé yo, como intermediaria.

 Amiga, saca la calculadora y suma lo que reciben estas gentes en dinero, en especie y lo que cuestan cada mes en gasto público. La ruina.

 Todo lo que te he narrado lo sé a ciencia cierta porque yo llevo, en parte, la atención a esta familia (y a muchas otras, demasiadas).

 Sólo te digo una cosa, para acabar: esto tiene que reventar, esto es insostenible. Entiendo perfectamente que la Generalidad y el ayuntamiento estén en la bancarrota, aunque nos lo ocultan.

 ¿Te has enterado que han cerrados UVIs en el Hospital Arnau y han cerrado plantas de hospitalización como la de Nefrología porque no hay dinero?”

Con esta frase acabó la conversación que tuve ayer con una conocida:

“Esto tiene que reventar por algún lado”.

Enviado por un Vecino
17-Noviembre 2010

Entonces empezaron las amenazas. González tuvo que recurrir a escolta policial aunque meses después se le retiró sin explicación alguna. El partido que la había fichado la dejó sola y sin protección. Aun así, su trabajo permitió que el caso llegara al juez y que se imputara a varios cargos. Finalmente, cuando ella dimitió, se sabía soto voce que había llegado al límite de su resistencia. ¿Cómo puede ser que una persona con cargo público fuera amenazada de muerte, su equipo aterrorizado y la propia Administración no tomase cartas en el asunto? Indica hasta qué punto el Ajuntament ha perdido el control de este distrito y cuán enquistada está la corrupción.

Según nuevas informaciones sobre el sumario del caso, en el tinglado podrían estar vinculados dos altos cargos del Ajuntament. El tufo a podrido, pues, escala cada vez más alto. Lo peor es que estos cargos presumiblemente vinculados a la trama, aunque salen citados en el sumario, ni siquiera han sido imputados. Puede, incluso, que se sientan cada día a trabajar con el funcionario al que, cuando caiga la noche, amenazarán por hurgar donde no debe.

Santiago Tarín y Jaume V. Roca publicado en la Vanguardia
Una investigación judicial pone de relieve que el distrito de Ciutat Vella era una ciénaga. Amenazas de muerte, extorsiones y pagos por la concesión de licencias quedan reflejados en unas pesquisas que recuerdan más a las películas de gángsters de Chicago que a una ciudad europea. Las víctimas son la ex concejal Itziar González y su equipo. La ex edil declaró ante la juez, tres meses antes de dimitir, que había recibido una confidencia según la cual miembros de la agrupación del distrito del PSC estaban detrás de las amenazas que sufría. Una miembro de su equipo recibió una carta en la que se le decía: “Tú para nosotros eres un animal y tenemos una misión que realizar”. Además, en una conversación telefónica intervenida por los Mossos, un funcionario detenido por corrupción hablaba con un cargo municipal de realizar inspecciones rutinarias a fin de disimular que el Ayuntamiento no actuaba en la zona del Port Olímpic; en unos locales cuyo abogado es actualmente concejal de Comercio del Consistorio.
Este asunto se descubrió casi por casualidad. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una causa contra dos locales de prostitución de Castelldefels, Saratoga y Riviera, que fueron clausurados. En los trámites apareció el nombre de un ingeniero, Joaquín Quílez, al que se relacionaba con irregularidades en la concesión de licencias en connivencia con un alto funcionario, Heliodoro Lozano.En paralelo, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Itziar González Virós, recibió un correo electrónico de un abogado, en el que se le informaba de que Joaquín Quílez estaba recomendado en su distrito por Heliodoro Lozano y por Elena Ariza para legalizar los cambios de uso de los apartamentos turísticos, que estaba detrás del 80% de estas gestiones y que siempre se le decía que el ingeniero “era un hombre que entendía la sensibilidad de la casa”. El documento fue remitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez lo tramitaron al juzgado. Entonces, la magistrada abrió una pieza separada para indagar en profundidad estas presuntas irregularidades.

A resultas de esta acción fueron imputados Lozano, Quílez y otra funcionaria, Elena Ariza. Lozano y Quílez pasaron seis meses en prisión provisional. El ingeniero estaba acusado, además, de amenazas.

Este supuesto delito estaba relacionado con el acoso que había sufrido la concejal González. El desarrollo de estos acontecimientos pueden leerse también en el sumario, en un atestado elaborado por los Mossos d’Esquadra. Allí, la policía describe cómo en 2007 se produce un relevo en la concejalía de distrito de Ciutat Vella, cuando llega González, que nombró una nueva gerente y una nueva arquitecta técnica, sustituyendo a cinco funcionarios, entre ellos Lozano, “para evitar malas prácticas”. El 30 de abril de 2009, Itziar González fue víctima de un robo en su casa, pero sólo se le llevaron ordenadores, dejando el resto de objetos de valor. El 23 de julio del mismo año, la concejal recogió en su buzón una carta donde se la amenazaba de muerte si no dimitía, haciendo extensiva la intimidación a la gerente del distrito.

Paralelamente, la nueva jefa de licencias de Ciutat Vella recibió otra misiva del mismo tenor. Esta persona dejó su trabajo. El atestado de los Mossos vinculaba a Joaquín Quílez con estas amenazas, debido a las trabas que le ponía el nuevo equipo.

Itizar González fue citada a declarar en el juzgado el 15 de enero de este año. Fue tres meses antes de dimitir de sus cargos, cuando aún era concejal. Ante la juez explicó que tras el allanamiento de su domicilio solicitó protección, y que el Consistorio destinó a dos agentes de la Guardia Urbana y un cabo.

Sin embargo, en mayo, el cabo fue retirado de este trabajo. Itzíar Gonález protestó pero no recibió respuesta, hasta que en noviembre el policía regresó. Y le dijo una cosa que “le inquietó sobremanera”: un ex alto cargo municipal le había llamado y le había mostrado su preocupación por la seguridad de la concejal, sabía que la agrupación del PSC de Ciutat Vella la quería sacar del distrito y que, para ello, “le quieren dar un palo”, lo que no había ocurrido por la presencia de los escoltas.

Itziar González detalló que al frente de la agrupación está Roger Pallarols, al que relacionó con locales nocturnos. En la actualidad, tras los cambios habidos en el Consistorio tras el fiasco del referéndum de la Diagonal, es concejal de Comercio del Ayuntamiento. El nombre de Pallarols aparece de nuevo en el sumario en una conversación telefónica entre Heliodoro Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, intervenida por los Mossos, y donde se dice que era abogado de los locales del frente marítimo. En síntesis, en este diálogo, Heliodoro le explica que ha sabido que una “persona muy importante” ha sido atracada en la zona del Port Olímpic, que llamó a la Guardia Urbana, que no se hizo nada y que a partir de entonces se ha decidido a investigar aspectos como aforos, situación laboral de los trabajadores, control del Ayuntamiento, drogas o inspecciones. Que están haciendo un dossier y que convendría hacer “unas inspecciones rutinarias” a fin de que pudieran justificar actividad municipal pues detrás de estas averiguaciones “podría estar el Partido Popular”. Heliodoro pide a lo largo de la charla una “inspección tranquila” para que no les puedan acusar de corrupción. La respuesta que recibe es “a ver cómo nos lo montamos, ya te informaré”.

Las licencias son el núcleo principal de las investigaciones sobre la corrupción de funcionarios municipales. En especial, las que se refieren a apartamentos turísticos, una de las cuestiones que el distrito de Ciutat Vella quiso regularizar y controlar. La cuestión es que se acusa a Heliodoro Lozano de tramitarlas siendo el intermediario Joaquín Quílez. En el registro domiciliario que se llevó a cabo en su domicilio, los Mossos encontraron una libreta con una lista de nombres asociados a cantidades que se cree son los sobornos.

En el sumario también aparece el nombre de Víctor Badía, ex consejero de Unió en Ciutat Vella, a quien se relaciona con un cliente de Lozano para un trámite que no se llevó a término. Ni Badía, ni Dalmau ni Pallarols han sido citados a declarar. El Ayuntamiento siempre ha defendido que colaboró con la justicia para terminar con la red corrupta.
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Documento: Una carta amenazadora

L’Ajuntament de Barcelona va pagar l’any 2008 un  total de 7.000 euros pel lloguer de vehicles per transportar des de l’aeroport a la ciutat a participants en unes jornades de la fundació Cidob, que presideix l’ex dirigent del PSC, Narcís Serra.

La dada figura en un comunicat de CiU sobre la reunió d’aquest dimecres de la comissió municipal de presidència, territori i funció pública, en la qual l’equip de govern ha donat explicacions sobre els estudis, informes i treballs tècnics encarregats per l’Ajuntament durant el 2008 .

En aquesta partida, el consistori de Jordi Hereu, segons CiU, ha gastat 13,1 milions d’euros, i només estan justificats 11,4 milions. En qualsevol cas, la federació nacionalista afirma que els procediments per l’encàrrec i realització d’aquests informes “estan farcits d’irregularitats”. CiU afirma que “es produeixen encàrrecs que semblen amagar sous encoberts, ja que els treballs a realitzar són mensuals, sempre els mateixos, o es fracciona un mateix informe en tres encàrrecs diferents, amb imports no superiors als 18.000 euros, per evitar haver de sotmetre la seva adjudicació a concurs d’ofertes i poder concedir directament”.

El grup municipal del PP ha reclamat, de la seva banda, l’elaboració d’una auditoria dels informes encarregats pel consistori des de l’any 2007 fins l’actualitat, aprovada en la comissió de presidència del mes d’octubre, com ha fet el Departament d’Economia amb els informes de la Generalitat.

En aquest sentit, el regidor Popular Xavier Mulleras ha denunciat que “segons les despeses liquidades en el pressupost de l’any 2008 es comptabilitzen 13.344.640 euros per l’elaboració d’aquests informes, estudis i treballs tècnics. Pel que fa als contractes de 2008, el 99% es van adjudicar a dit, mitjançant procediment menor o negociat. Aquest 99% dels contractes suposa el 80% de l’import adjudicat”, ha afegit.

e-noticies.cat

Barcelona. (EFE).- El desvío de fondos del Palau de la Música durante la gestión de su ex presidente Félix Millet ronda los 10 millones euros, según el sumario, que implica por estos hechos, además de al ex director administrativo Jordi Montull y a su hija Gemma Montull, directora financiera, al tesorero de la Fundación Pau Durà Basté y a su predecesor Enric Álvarez.
Según el sumario, cuyo contenido se ha conocido parcialmente, además del desvío inicial de fondos de 2003, procedentes de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y de la Associació Orfeó Català-Palau de la Música que originó la investigación de la Fiscalía —con partidas de 1,7 y 0,6 millones de euros— en ejercicios posteriores y hasta 2008 se realizaron otras operaciones del tipo “talones reintegro” por valor de otros ocho millones.

A la espera de obtener la documentación bancaria de todas las entidades financieras, en el mismo sumario se explica que en 2004, desde la Associació se realizaron, al menos, catorce operaciones de este tipo “talón reintegro” por valor de 2 millones; siete en 2005, por valor de 812.216 euros; seis en 2006, por 360.000 euros; ocho en 2007, por 556.434 euros y tres más en 2008, por 200.000 euros.

En cuanto a los movimientos de la Fundació, el sumario recoge cuatro operaciones en 2004, por valor de 306.998 euros; tres en 2005, por 310.000 euros; cinco en 2006, por 1 millón de euros; ocho en 2007 por 1,02 millones, y nueve más en 2008 por un valor total de 994.340 euros.

Estos movimientos, se indica en el sumario, podrían haberse llevado a cabo como pago a supuestas obras realizadas en estas entidades culturales, así como por la contratación de actuaciones de artistas no justificadas documentalmente.

En el sumario se explica que, según las diligencias abiertas por la Fiscalía, los querellados habrían desviado cuantiosas sumas de dinero de la entidad. Para ello, utilizaban “una maraña de cuentas bancarias, justificaciones documentales mendaces y empresas pantalla, convirtiendo fondos en dinero efectivo y haciéndolos desaparecer después”.

La sospecha inicial de irregularidades contables surgió cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude detectó operaciones bancarias de la Fundació y de la Associació realizadas en efectivo con billetes de 500 euros en 2003. Las operaciones no figuraban contabilizadas oficialmente, por lo que la agencia Tributaria solicitó los justificantes.

Aunque la Fundació explicó que el dinero se había destinado a obras de remodelación del Palau, varias de las empresas, que supuestamente se encargaron de las mismas, presentaban un “perfil completamente plano”, es decir sin actividad real, mientras que las compañías que sí estaban operativas habían cobrado por esas operaciones antes, pero por trasferencia bancaria, “no en efectivo”.

En cuanto a la retirada de fondos de la Associació, los gestores respondieron ante la inspección tributaria que el dinero se había destinado a pagar en efectivo facturas de obras realizadas en la entidad, en concreto a las mismas firmas citadas por la Fundació (CBM 10 SL, Horencat, Trioba, FM2 Instalacions y Manteniments integrals FM2).

La inspección de tributos constató que la Fundació y la Associació estaban aportando las mismas facturas en justificación de retiradas de fondos distintas, aunque posteriormente la Associació rectificó y adujo que dichas sumas se habían destinado al pago de artistas, aunque presentó un listado no riguroso, ya que no incluía su correspondiente soporte documental.

La Agencia Tributaria puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos que, en julio de 2008, motivaron la correspondiente investigación y el registro del Palau por parte de los Mossos d’Esquadra que puso punto final a la carrera pública de Millet.

El juez ha mantenido en secreto la parte del sumario correspondiente a las diligencias de investigación, a la espera de las declaraciones de los querellados.

En la nota remitida hoy por la Fiscalía, se explica que el pasado 8 de septiembre el Fiscal presentó un escrito al juzgado en el que se recogían nuevos hechos presuntamente delictivos, entre los que se incluían pagos realizados por las dos entidades a empresas relacionadas con los querellados en 2008 y 2009, así como pagos por supuestos trabajos en el Palau que podían no ser reales.

El juez ha citado a declarar como imputados a Millet y Montull el 19 de octubre, una declaración que se producirá casi tres meses después del registro del Palau. Tanto Millet como Montull confesaron en una carta al juez haber desviado para su beneficio personal 3,3 millones de euros. Por el momento, el juez no ha citado a declarar a Gemma Montull, ni a las otras dos implicados.

La Vanguardia.es
8-10-2009

Què hi ha darrera de la construcció d’un l’hotel al costat del Palau de la Música Catalana?

De fa un any i mig, els veïns i veïnes deL Casc Antic i de tota la ciutat de Barcelona ens hem mobilitzat per tal d’aturar l’enderroc de les finques catalogades del carrer Amadeu Vives cantonada amb Sant Pere més Alt i la construcció en aquest espai d’un hotel promogut per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música.

Des que vàrem tenir coneixença d’aquest projecte d’hotel les veïnes i veïns de la Barcelona Vella ens hem preguntat: Quins interessos poden haver-hi darrera aquest projecte?

Un projecte que, sota l’excusa de la millora de l’entorn del Plau de la Música, havia començat intentant enderrocar una finca modernista, contemporània del mateix edifici del Palau i inclosa dins de l’àmbit de protecció que la UNESCO estableix a l’entorn dels recintes declarats Patrimoni de la Humanitat.
Un projecte que s’ha emmascarat darrera una pretesa millora de l’escola de la Salle i de la també pretesa revitalització del teixit comercial del carrer de Sant Pere més Alt, i que ha intentat modificar segons els seus interessos la mobilitat de la zona i el migrat sòl d’equipaments d’aquesta part de la ciutat.
Gràcies a la mobilització veïnal s’ha aturat un primer projecte, s’ha evitat l’enderroc de les finques catalogades i s’ha posat un cert aturador a les pretensions de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. Però hi ha un segon projecte d’hotel a les envistes i les veïnes i veïns ens tornem a preguntar: Quins interessos hi ha darrera aquest projecte?
Un projecte que amaga unes opaques negociacions amb l’administració permutant la clau urbanística de les finques afectades, tot amanit amb el pretext que la importància del Palau i de l’Orfeó Català té per la ciutat i per la cultura catalana en general.
I vet aquí que aquesta setmana passada surt a la palestra que la policia judicial ha escorcollat les oficines de l’esmentada Fundació i que hi ha diligències judicials obertes ja que hi ha sospites d’apropiació indeguda de diners públics per part d’importants directius de la Fundació, derivats cap a interessos privats.
Com s’entèn que les tres administracions, Estat, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, pacten de nou amb el Sr.Fèlix Millet?

El Sr. Fèlix Millet és membre de l Institut Catalunya Futur (FAE catalana). Tots recordem el Cas de Renta Catalana als anys 70 i el Bankpyme i tants altres que surten cada dia als diaris.

Com s’entèn que els Germans de La Salle negocïn la millora de la seva Escola dintre el marc d’un procés especulatiu?

L’Escola i el barri perden part de l’espai dedicat a l’ensenyament ja que canvia la clau d’equipament educatiu a servei hoteler.

Davant d’aquesta situació, que ens referma en les sospites que aquest projecte no respon a cap necessitat econòmica de l’Orfeó català sinó a foscos interessos especulatius, fem una crida a la ciutadania perquè estigui alerta sobre els esdeveniments i en el seu moment prenguin postura sobre aquest afer i d’altres que afectin a la nostra ciutat.

Volem remarcar:

• El reconeixament de la premsa en l’afer Millet.

• L’ AVV del Casc Antic i Veïns en Defensa de Barcelona Vella van destapar l’operació especulativa que volia transformar el entorn del Palau de la Música. Tenim recollides 3500 firmes en contra de l’ hotel, així com s’han presentat al·legacions en les diferents fases del procés.

• L’Associació de Veïns Casc Antic i Veïns en Defensa de Barcelona Vella varem fer una Assemblea informativa amb gran participació a l’espai Bonnemaison amb un clar NO al Hotel del Palau.

• La Regidora del Districte proposa amb diners de la Fundació una pantomina de participació ciutadana. Els veïns podien parlar de tot menys de l’hotel. Com li ha sentat al ajuntament tot l’afer Millet? Ara sabem que la Fundació ja no era propietària en el moment del procés participatiu i ara entenem el perquè no es podia opinar de l’hotel: la famosa invariable: els edificis ja eren propietat d’Olivia Hotels.

• L’Ajuntament ens confirma que va ser un error. Error que encara no s’ha rectificat als papers.

• Ens solidaritzem amb el músics, corals i treballadors de la música que han sigut expoliats, maltractats i utilitzats com imatge encobridora de la perversa gestió del Sr. Millet.

Propostes:
que el Sr Millet i companyia han de tornar fins l’últim euro

• no serveix que hagin pagat una quantitat per evitar la presó

• demanem al jutge celeritat al dictar sentència sobre aquest procés

• que les nostres Administracions (Ajuntament i Generalitat) abandonin el projecte de la modificació del MPGM i del PMU

• que es doni a l’Orfeó Català i als músics tot el que s’ha robat durant tots aquests anys

• Les dues Associacions del barri farem una gran Assemblea informativa on també s’informarà de tots els nous esdeveniments, així com informar de les noves al·legacions al Plan de Millora Urbana que ha presentat als Jutjats el nostre advocat

• Posicionament dels Partits Polítics sobre l’operació urbanística de Modificació del Pla General Metropolità i del Pla de Millora Urbana que s’ha tirat endavant amb els seus vots

  NO A L’HOTEL MILLET, ni gran ni petit

  ELS FETS ENS VAN DONANT LA RAÓ

  Barcelona a 28 de setembre de 2009

 ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL CASC ANTIC

VEÏNS EN DEFENSA DE LA BARCELONA VELLA

El funcionament de les fundacions està regulat per una legislació que no és molt clara, que té certes llacunes i que és susceptible de permetre o propiciar el transvasament de diners entre elles. Sembla que és el que, potser, ha estat passant en aquest assumpte. 

En el control sobre la gestió del Palau i de l’Orfeó Català estaven implicats pràcticament tots els partits. Per posar un exemple, en el consorci del Palau participen la Generalitat de Catalunya, l’administració central i l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest apartat -el consorci- han participat o participen, per tant, representants dels partits que han governat i governen les Generalitat -CiU i el tripartit, és a dir, PSC, ERC i ICV-, els que han governat i governen a la administració central -PP i PSOE- i els que han dirigit l’Ajuntament de Barcelona aquests anys -bàsicament, el PSC-.

Les subvencions i partides de diners dirigides a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i la resta d’organismes que gestionen la institució han arribat des de diverses administracions, però cap d’elles ha estat capaç de controlar la utilització d’aquests recursos financers.

Ara s’estan rellevant dades que indiquen connexions financeres entre les entitats que dirigia Millet i algunes fundacions lligades a partits polítics. El mateix Millet va estar vinculat a la fundació Faes, del PP. A més, no sembla que els partits tinguin molt d’interès a aclarir l’assumpte, perquè al Parlament de Catalunya només PPC i Ciutadans van estar a favor que es creés una comissió d’investigació sobre el cas.

Publicat: e-Notícies
02 / 10 / 2009